SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1245/2013

Refiere que, como consecuencia de una denuncia interpuesta en su contra por Johan Alexander Pinto Rojas en representación de la Cooperativa de Crédito Comunal “El Buen Samaritano”, por la presunta comisión del delito de prevaricato, se emitió imputación formal, la que fue remitida al Consejo de la Magistratura en atención a un Acuerdo Institucional; órgano administrativo que abrió su competencia a efectos de que previo trámite, se proceda a emitir resolución de suspensión sin goce de haberes, conforme establece la norma impugnada que determina que el Consejo de la Magistratura suspenderá del ejercicio de sus funciones a las vocales y los vocales, juezas, jueces y personal de apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, sobre quienes pesaría una imputación formal.

Alega que, el texto del art. 183.I.4 de la LOJ, vulnera el principio de presunción de inocencia y atenta contra el debido proceso, toda vez que impone una sanción anticipada como es la suspensión de funciones sin goce de haberes, sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada, y sin que esté configurado aún un hecho antijurídico, culpable ni punible; con la agravante que se convierte en una suspensión indefinida, ocasionando un estado de incertidumbre jurídica irracional y arbitraria, que no sólo perjudica al servidor judicial, quien durante la suspensión está impedido de trabajar en el ejercicio libre de su profesión o en otras instituciones públicas o privadas; castigando además al mundo litigante, puesto que se recarga de trabajo al juez suplente legal, provocando retardación de justicia.