SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1371/2013
Fecha: 16-Ago-2013
a)
Sandra Gladys Aldayus Avilés, Jueza Segunda de Partido de Familia del departamento de Chuquisaca, presentó informe escrito cursante de fs. 58 a 60, expresando lo siguiente: a) La Sentencia emitida dentro el proceso familiar, otorgó la guarda de dos hijos a la abuela materna Corina Arce Mújica, al haber radicado la madre de los menores en España, asignándoseles una asistencia familiar de BS500.- para los menores con cargo a Edwin Zamorano Cejas y otro de igual monto con cargo a la progenitora Elizabeth Paulina Arias Arce; b) El 24 de agosto de 2009, el accionante, solicitó audiencia de conciliación con la finalidad de tratar la tenencia de su hijo menor, al encontrarse viviendo con su persona; en la audiencia de conciliación, por acuerdo de partes la progenitora mantuvo la guarda de la niña y el padre la guarda provisional del niño NN., como emergencia de ello se dejó en suspenso la asistencia familiar de Bs500.- que asignaba el padre; c) A las dos semanas de haberse otorgado la guarda del niño al padre, el niño al hogar de la abuela materna, esta última solicitó audiencia de conciliación; sin embargo, el accionante, no se presentó a las audiencia de 8 de marzo de 2012; d) Elizabeth Arias Arce, habiendo retornado a la ciudad de Sucre, solicitó la modificación de la guarda y por ello se le restituyó la guarda del menor y la asistencia familiar que fue dejado en suspenso por el tiempo que se encontraba en guarda provisional del padre, enmarcándose en los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos en el art. 180.I de la CPE y velando el interés superior del adolescente mencionados en los arts. 58.I y II y 59 también de la Norma Suprema, resolución que fue confirmada en recurso de apelación; e) La Resolución emitida guarda la debida congruencia, toda vez que en consideración al principio de justicia pronta y efectiva, cuando se solicitó la guarda del menor por el padre a tiempo de concederse esa guarda se dejó en suspenso también la asistencia familiar fijada y lo propio ocurrió cuando se planteó la modificación de la guarda cuando se solicitó por la madre, en el que a tiempo de concederse esa guarda del menor también se restituyó la asistencia familiar que estaba fijada; y, f) El accionante fue debidamente notificado con todas y cada una de las actuaciones judiciales respecto a la modificación de guarda, e incluso en su defensa planteo incidente de nulidad de notificación con la resolución que resolvió la modificación de la guarda, por ello no se habría vulnerado los derechos a la defensa y a la igualdad y menos el de legalidad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución
- “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia
- “Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral “.
- III.3.Respecto a la asistencia familiar
- III.4. Sobre las obligaciones del padre y la madre en proceso de divorcio
- 4.
- II.
- ARTÍCULO 70°.- (CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA)
- ARTÍCULO 74°.- (CARACTER DEL PROCESO POR AUDIENCIA Y SALVEDAD DEL ORDINARIO)
- “Las disposiciones del Proceso por Audiencia para fijación de asistencia familiar, no son aplicables a los procesos de divorcio
- “comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico
- igualdad,
- “…En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad,
- Conforme a esto, el principio de igualdad protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta
- “el derecho a la igualdad consagrado en el art. 6 de la Constitución Política del Estado, exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales
- el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: `se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual´. En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los tratamientos desiguales.
- En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
- 2) La finalidad de la diferencia de trato, que debe ser legal y justa. La protección especial que la Ley brinda al trabajador se traduce, entre otros aspectos, en la inversión de la prueba, o sea que sea el empleador el encargado de desvirtuar lo que sustenta el trabajador en su demanda, pues por la relación de dependencia que existe entre el primero y el segundo puede resultar en que el trabajador no cuente con ningún documento por el que pueda demostrar la existencia de tal relación, haciendo difícil, sino imposible, lograr un resultado favorable en sus peticiones, o que el Juez cuente con los elementos imprescindibles para adoptar una decisión;
- 3) La validez constitucional del sentido propuesto (que la diferenciación sea admisible), o lo que también denominan algunos autores como razonabilidad. Lo que se pretende con la inversión de la prueba en materia laboral es evitar que el empleador, que se encuentra en ventaja económica, social y fáctica frente al trabajador, desconozca los derechos de éste, mediante, por ejemplo, la ocultación de documentos o la negativa de proporcionárselos, etc.;
- 4) La eficacia de la relación entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente. Esta calidad, distinta a la razonabilidad, consiste en la adecuación del medio a los fines perseguidos, o sea, que exista una conexión efectiva entre el trato diferente que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue. Para delimitar el significado de razonabilidad y racionalidad, se debe puntualizar que la primera apunta a una finalidad legítima, mientas que la segunda, a una finalidad lógica. En el caso analizado, resulta racional disponer que sea el empleador, que cuenta con toda la documentación necesaria sobre la relación que se ha suscitado con el trabajador, quien aporte lo necesario para desvirtuar lo que asevera el demandante;
- 5) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores sea proporcional, que no se ponga en total desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad. El hecho de que tenga que ser el empleador demandado el que desvirtúe los extremos de la demanda laboral, no significa ninguna situación que vaya en contra de sus intereses, puesto que tendrá la oportunidad de demostrar lo que considere pertinente en el caso concreto”
- `El principio de legalidad en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración.
- De lo señalado, se colige que en un Estado Constitucional de Derecho, tanto gobernantes como gobernados, deben someterse al imperio de la ley, a fin que no sean los caprichos personales o actuaciones discrecionales, las que impongan su accionar, desconociendo lo anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de seguridad”
- III.10. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo