SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2014-S1

Respecto a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, es necesario señalar que es aquella medida de protección, que precautela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, contra aquellos actos u omisiones de carácter ilegal o indebido que realicen servidores públicos o particulares que supriman o amenacen suprimir o restringir derechos protegidos, conforme establece el art. 128 de la Norma Suprema, concordante con lo establecido por el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dispone: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

Asimismo, en relación a la legitimación activa a efectos de interponer la acción de amparo constitucional, el art. 129.I. de la CPE, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, y fue en ese sentido que se pronunció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, al señalar que: “…el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.