SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2014-S3

(2)   La atribución de denunciar actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de resoluciones en contra de autoridades, ante instancias competentes (art. 9.1 de la LCS). Ello, a efectos de suscitar la destitución definitiva de las autoridades elegidas por voto ciudadano en las entidades territoriales autónomas municipales, destitución que conforme entendió la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, debe ser previa sentencia condenatoria ejecutoriada.

Lo señalado, excluye cualesquier exceso cometido por las organizaciones sociales en el ejercicio de las atribuciones del control social, al momento de decidir intervenir en el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano en las entidades territoriales autónomas municipales, por cuanto, conforme se señaló, para ese efecto, deben ser satisfechas una serie de condiciones y requisitos previstos en la Constitución Política del Estado y la Ley de Control Social.

Así lo entendió también la SC 1212/2010-R, anteriormente nombrada, fallo que reiterando jurisprudencia constitucional respecto de los excesos cometidos por algunos actores de la sociedad civil organizada reconocidos anteriormente, como eran por ejemplo los comités de vigilancia y lo son los comités cívicos en los municipios, señaló  que:

2º. Se dispone que el Órgano Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Autonomías en el ámbito de sus competencias desarrollen de manera coordinada un programa de difusión de la importancia del Estado de Derecho, el control social, la necesidad de institucionalidad en los municipios por el menoscabo del desarrollo de la gestión de los municipios. Así como la difusión de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres y cómo su desconocimiento puede abrir tanto el ámbito de protección constitucional ante la afectación al ejercicio de derechos como la vía penal.