SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2014
Fecha: 12-Feb-2014
1)
Ángel Arias Morales, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de fs. 102 a 103, refirió lo siguiente: 1) La Sala Penal Tercera, a través de la Resolución 207/2013 de 31 de julio, confirmó la Resolución 353/2013 de 30 de junio, emitido por la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, que ordenó la detención preventiva de Benjamín Aliaga Quenallata; 2) El Juez de garantías no es un juez supletorio o alterno a los existentes en la jurisdicción ordinaria, por lo que los argumentos del accionante no hacen a una acción de libertad, sino a un recurso ordinario, porque se exponen argumentos cuya valoración es exclusiva atribución de los jueces ordinarios; 3) El accionante desconoce que en las medidas cautelares de carácter personal no se aplica el principio de presunción de inocencia porque por el mandato del art. 233 del CPP, para la determinación de una medida de ultima ratio se requiere solo elementos de convicción suficientes y no prueba plena; 4) En la acción de libertad no existe fundamento fáctico como jurídico ni se consignó presupuesto alguno de los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 5) No se fundamentó la presunta privación indebida de libertad; empero, cabe señalar la privación de libertad deviene como producto de una denuncia por el delito de violación, determinando la imputación formal, se procedió a su aprehensión y consiguiente remisión al juez cautelar, autoridad que en apego a los arts. 233, 234 y 235 del CPP, ordenó su detención preventiva, confirmada en apelación, habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley para la detención preventiva del imputado; y, 6) Se debe tomar en cuenta el alcance de la SC 1015/2004-R de 2 de junio, referido a los delitos de violación y la obligación de las autoridades judiciales de brindar protección a las víctimas en base a mandatos constitucionales contenidos en Convenios y Tratados Internacionales.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y a la presunción de inocencia, así como la garantía del debido proceso y a la legalidad, por parte de las autoridades demandadas: toda vez que: 1) La Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto, emitió la Resolución 353/2013 de 30 de junio, que dispuso su detención preventiva, omitiendo pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de su aprehensión, incurriendo en la omisión de fundamentar y motivar su decisión. Una vez interpuesto el recurso de apelación contra su Resolución demoró más de veinte días para su remisión Tribunal ad quem; y, 2) Los Vocales codemandados, mediante Auto de Vista 207/2013 de 31 de julio, confirmaron dicha Resolución de la Jueza codemandada, sin efectuar una debida motivación y fundamentación, incurriendo en defectuosa valoración de prueba de descargo, sin ingresar al análisis y valoración integral de las circunstancias previstas en los arts. 234, 235 y 235 ter del CPP, pronunciando un fallo carente de fundamentación.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”
- la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP
- no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
- cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación.
- requiriéndose además para esa labor que al momento de impugnar la valoración de la prueba, el accionante fundamente y demuestre que en efecto existió irracionalidad u omisión”
- 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'
- La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'.
- La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva
- hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad.
- no es compatible con los principios rectores de la administración de justicia la tramitación de la causas sin la observancia del principio de celeridad por parte de los operadores de justicia, concluyendo que constituye dilación indebida el retardo injustificado en la remisión de los actuados pertinentes, a efectos de que el privado de libertad pueda utilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de su libertad”
- corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física
- i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación
- ii)
- III.6. Análisis del caso concreto
- III.6.1. Con relación a la actuación de la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto
- III.6.1.1. Respecto a la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental
- III.6.2. Con relación a las actuaciones de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
- CONFIRMAR en todo