SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2014
Fecha: 12-Feb-2014
i)
Milenka Gutiérrez Antezana, Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 105 y vta., señalando que: i) Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Benjamín Aliaga Quenallata, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente en grado de tentativa, el 30 de junio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y en base a la solicitud del Fiscal de Materia a través de la imputación formal y su ratificación de audiencia solicito se disponga la detención preventiva del accionante, por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 233 núm. 1 y 2; 234 numerales 1, 2 y 3 del CPP; y, 10 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) y la ratificación del Fiscal en audiencia de la imputación y la concurrencia del peligro de obstaculización conforme el art. 235 num. 1 y 2. del citado código; ii) Al determinar la situación jurídica del imputado, se evidencia la concurrencia de los presupuestos necesarios para la procedencia de su detención preventiva, debiéndose tomar en cuenta que es el imputado quien debe desvirtuar con documentación fehaciente la inconcurrencia de dichos presupuestos, lo que en el presente caso no ocurrió, habiendo presentado simples fotocopias que no fueron valoradas; iii) Si el imputado consideraba que no se remitirían las pruebas pertinentes al Juez de alzada, tenía los medios procesales para que se remitan los antecedentes necesarios; iv) Con relación a la presunta vulneración de la presunción de inocencia, la “SC 760/09” señaló que la imputación formal es la atribución provisional de la comisión de un delito que se le da a una persona, con la cual no se le condena, toda vez que en la etapa preparatoria se podrá enervar esos extremos; y, v) No corresponde la nulidad de la Resolución de medidas cautelares y en cuanto a la remisión de antecedentes a Chulumani, debido a la distancia y la carencia de personal, dicha remisión no se efectuó
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”
- la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP
- no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
- cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación.
- requiriéndose además para esa labor que al momento de impugnar la valoración de la prueba, el accionante fundamente y demuestre que en efecto existió irracionalidad u omisión”
- 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…'
- La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'.
- La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva
- hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad.
- no es compatible con los principios rectores de la administración de justicia la tramitación de la causas sin la observancia del principio de celeridad por parte de los operadores de justicia, concluyendo que constituye dilación indebida el retardo injustificado en la remisión de los actuados pertinentes, a efectos de que el privado de libertad pueda utilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de su libertad”
- corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física
- i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación
- ii)
- III.6. Análisis del caso concreto
- III.6.1. Con relación a la actuación de la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal de El Alto
- III.6.1.1. Respecto a la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental
- III.6.2. Con relación a las actuaciones de los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
- CONFIRMAR en todo