SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0356/2014
Fecha: 21-Feb-2014
III.4. Análisis del caso concreto
Los accionantes a través de su apoderado, denuncian la vulneración de los derechos a la propiedad y a la “seguridad jurídica”, manifestando que la codemandada Zulema Zárate Ortuste junto a otras personas, ingresaron de manera arbitraria e ilegal a los terrenos de su propiedad, aprovechando que se encuentran fuera del país, realizando construcciones al interior del predio e instalando servicios básicos de luz eléctrica y agua, demostrando su voluntad de apropiarse de dicho terreno, sin contar con documentación que demuestre su derecho propietario, avasallando el terreno a través de medidas de hecho que vulnera sus derechos y garantías constitucionales.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se ha llegado a evidenciar que Ignacio Montero Quispe y Paulina Castro de Montero, transfirieron en calidad de venta dos lotes de terreno 14 y 15, a Abraham Aquiles Medina quien adquirió a favor de Gilberto Loza Medina y María René Villalba Salces -ahora accionantes-, ubicados en la localidad de Terrado, Isla los Cuquises, Guapilo Junín, con una superficie de 633.69 m2. De la misma forma, el Instituto Geográfico Militar de Catastro Rural de Santa Cruz, estableció el registro de propiedad de ambos lotes de terreno, consignando como propietarios a los citados accionantes, quienes posteriormente inscribieron su derecho propietario en DD.RR., bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0116821.
En ese sentido, el primer presupuesto es acreditar la titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto que en el caso que se examina, ha sido demostrado a través del folio real expedido el 17 de octubre de 2012, correspondiente al lote 14 y 15, ubicado en la provincia Andrés Ibañez M-18, localidad Terrado, Isla de los Cuquises, Guapilo Junín, con una superficie de 633.69 m2, bajo la matrícula computarizada 7.01.1.06.0116821, así como por el registro expedido por el instituto Geográfico Militar de Catastro Rural de la ciudad de Santa Cruz.
En consecuencia, dichos elementos probatorios que adjunta la parte accionante, no son suficientes para generar certidumbre en este Tribunal Constitucional Plurinacional y establecer que efectivamente la codemandada Zulema Zárate Ortuste haya ejercido actos o medidas asumidas sin causa jurídica, que haya vulnerado o amenazado un derecho fundamental, no habiendo acreditado por lo tanto uno de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional cuando se alega medidas de hecho; en ese sentido, al no existir prueba suficiente que demuestre el acto lesivo, no es posible conceder la tutela alegada con relación a Zulema Zárate Ortuste.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Sobre el derecho de propiedad y su configuración
- “…el acto o los actos cometidos por los particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia…”
- 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”
- a) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y ii) para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros.
- por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”
- 1) La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica;
- referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”
- es el accionante o agraviado el que al interponer su acción, debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien interpone el amparo constitucional,
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 30
- Fragmento 31
- i)
- cedieron en calidad de venta en favor de Zulema Zárate Ortuste -codemandada-, una parte del terreno de su propiedad, identificado como lote 12
- CONFIRMAR en todo