SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2014

El derecho a la defensa, se constituye en un derecho inviolable, inherente a toda persona que intervenga en un proceso, sea judicial o administrativo. En ese entendido, la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, señaló: "… toda persona que intervenga en un proceso que defina sus derechos o intereses legítimos, tiene derecho a ser escuchada previamente a la emisión del fallo o determinación, los arts. 115. II y 119.II de la Ley Suprema garantizan su ejercicio y respeto por parte de los órganos de administración de justicia y de los entes administrativos cuyas determinaciones afecten derechos fundamentales y garantías constitucionales…”.

Ese criterio fue asumido con anterioridad por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, en la que se señaló que el derecho a la defensa se constituye en la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

Es decir, que el derecho a la defensa se extiende: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE".

La jurisprudencia glosada ha sido reiterada, entre otras, por las SCP 1063/2012 de 5 de septiembre, y conforme a ella, el derecho a la defensa se constituye en uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso que implica ser atendido en el proceso, presentar recursos y pruebas pertinentes, con el fin de tener una defensa adecuada y garantizada en el marco de lo determinado por la Constitución Política del Estado, los Tratados Internacionales y las leyes vigentes.