SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2014

El 2010, le instauraron un proceso penal signado como “TAR 1000294”, a denuncia de Jeanneth Paola Chungara Soruco de Gallardo y su abogado Sergio Manuel Oliva Castrillo, proceso en el cual fue arraigado obstaculizando su derecho a viajar a Sucre, y accionar eficazmente un proceso por fraude procesal que mantiene con la “EX SENADORA MIRTHA CASTILLO” (sic), aplicándole una extorsión para que abandone esos reclamos judiciales, ese es el fondo del motivo de la denuncia contra su persona.

Refiere que el proceso en sí, que lo mantiene arraigado se basa en el adelanto de la suma de $us2 000.- (dos mil dólares estadounidenses), que Jeanneth Paola Chungara Soruco de Gallardo, dio a Dominga Farfán Leañez, para la compra de una propiedad en Santa Ana, compromiso que fue incumplido llevándose a cabo procesos judiciales por cinco años, buscándose que abandone el juicio sobre una millonaria herencia del inmueble que ilícitamente compró la ex senadora antes mencionada en complicidad de sus abogados y su parentesco con la fiscal Carla Oller Molina.

Manifiesta que, como inmobiliario e intermediario, fue falsamente difamado, como autor de la venta de la propiedad de Santa Ana a una tercera persona, en el cual sólo certificó que la huella digital pertenecía a Dominga Farfán Leañez quien es analfabeta, ese acto provocó que fuera acusado por la presunta comisión del delito de estelionato y estafa que nunca existió, no habiendo dolo ni tipicidad, ni mucho menos participó en el negocio que realizaron los antes referidos, existiendo una persecución antijurídica, manteniéndolo con medidas cautelares y en umbrales de Juicio Oral, teniendo el abogado Sergio Manuel Oliva Castrillo una descarada ayuda de fiscales y jueces.

Por otro lado, señaló que hay una sentencia constitucional que determinó que su persona no tiene acción alguna con el negocio de la referida propiedad agraria de Santa Ana que realizaron Jeanneth Paola Chungara Soruco de Gallardo y Dominga Farfán Leañez; empero, contradicen dicha Resolución, persiguiéndolo penalmente, por la venta de la mencionada propiedad.

Asimismo, pidió se amplié la acción de libertad en favor de sus hijos que son afectados, por la resolución que impuso el juez Abdón Molina Peñarrieta codemandado a favor de Dominga Farfán Leañez, ya que amparados en dicho fallo lo despojaron de su propiedad de Tablada Grande; actos que fueron denunciados, no lográndose nada al respecto, siendo el mencionado juez, protegido ilegalmente por el Fiscal que rechazó su denuncia por prevaricato.

Agrega que, el vocal Ernesto Félix Mur, pronunció una Resolución como Tribunal de garantías el 14 de marzo de 2013, en la cual indicó que su persona era alteradora de pruebas, dicha resolución se constituye en un acto de prevaricato, para favorecer al juez Abdón Molina Peñarrieta y mantener el fallo en favor de Dominga Farfán Leañez, proporcionándole armas para que se apropien indebidamente de sus terrenos, negándole de esta manera el acceso a la justicia.

Presentó denuncia contra el juez demandado Abdón Molina Peñarrieta, al Consejo de la Magistratura, así también contra los Fiscales que se encuentran a cargo de la investigación por no atender su “propuesta como investigación esencial”; estos últimos, puntualizaron que el derecho penal es de última ratio, primero están otras especialidades menos lesivas, dándole la razón para la presentación y procedencia de la acción de defensa constitucional.

Finalmente señala que, Gilbert Muñoz Ortiz, Fiscal Departamental de Tarija, bloqueó sus derechos constitucionales, incumpliendo deberes para favorecer a Dominga Farfán Leañez, negándole el derecho de investigación y el acceso a la justicia, rechazando sus denuncias contra el consorcio de jueces fiscales y abogados, dando lugar al despojo de sus terrenos de Tablada Grande de forma violenta y sin ninguna orden judicial.