SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0743/2014

A pesar de que el Médico Forense dependiente del Ministerio Público de Cochabamba, Abrahan Quinteros Virreira, a través de certificado médico expedido el 20 de diciembre de 2012, otorgó a Mariela Mamani Chura, catorce días de incapacidad por lesiones que supuestamente le habría ocasionado; la Fiscal de Materia, María Luz Pérez Vargas, presentó el 25 de abril de 2013, imputación formal en su contra, solicitando su detención preventiva por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP), incorporado por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (LIGM), sin considerar que según acta de denuncia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el presunto hecho ilícito que se le atribuía se suscitó el 19 de diciembre de 2012, calificándose provisionalmente el mismo por el delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP) y en audiencia de aplicación de medidas cautelares, como nuevo asignado al caso, el Fiscal de Materia, Moisés Chiri Gutiérrez, en pleno conocimiento del hecho y de la imputación formal en su contra, también solicitó su detención preventiva, sin observar que el precepto jurídico aplicable en su caso debía ser tipificado presuntamente por el delito de Lesiones Graves y Leves, modificado por el art. 8 de la Ley 054 del “10” de noviembre de 2010, que establece la sanción de reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo hasta el máximo, al daño en el cuerpo o la salud, que derivase en incapacidad para el trabajo de hasta veintinueve días, tampoco que el inc. 3) del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que la detención preventiva no procede en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a tres años y que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie al imputado, en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos contra los  intereses  del Estado; entendimiento  que también fue  respaldado  por  la  SC 0334/2010-R de 15 de junio, citada por la SC 1795/2010-R de 25 de octubre, al señalar que uno de los principios que rigen la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, puesto que conforme lo previsto por el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación.

Por otra parte, añade que la autoridad jurisdiccional demandada, dispuso su detención preventiva en el Penal de el Abra, sin valorar minuciosamente la prueba colectada, lesionando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; actos contra los cuáles, presentó apelación incidental dentro del plazo de setenta y dos horas; sin embargo, a pesar que transcurrieron más de ocho días, el mismo no fue remitido ante el Tribunal de alzada, incumpliendo el Juez ahora demandado, con sus funciones, por lo que interpuso directamente la presente acción tutelar, aplicando el entendimiento asumido en la SC 0109/2010-R de 10 de mayo.