SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0952/2014
Fecha: 23-May-2014
i)
Por su parte, José Armando Urioste Viera, Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, presentó informe escrito cursante de fs. 340 a 343 vta., y en audiencia, refirió: i) En el Auto de Vista 002/2013 de 19 abril, se resolvió aplicar la norma, integrando los elementos de la misma a sus consecuencias y efectos; ii) Existen terceros que deben ser integrados, puesto que los efectos de la sentencia pueden alcanzarles, permitiendo el derecho a la defensa en juicio, de conformidad a los arts. 109 de la CPE, concordante con el 91 del CPC, que establece la posibilidad que tiene el juez de interpretar la ley procesal, en virtud al objeto de los procesos y velando por la efectividad de los derechos; es decir, existen fundamentos para haber anulado obrados, porque no se puede pretender que se “ordinarice” un proceso voluntario, si a los afectados no se les ha permitido la integración a la litis, lo cual constituye denegación de justicia; iii) La demanda de amparo constitucional interpuesta, no indicó cómo y por qué se han vulnerado los derechos que señala; es decir, no explicó la consecuencia y efecto del supuesto derecho vulnerado y su afectación a los accionantes; iv) Esta acción tutelar procede contra sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada, en aquellos casos en los que éstas sean producto de un proceso judicial sustanciado con irregularidades que lesionan las garantías mínimas del debido proceso y no exista otra forma para corregirlas que no sea la vía constitucional; y, v) El Auto de 3 de junio de 2013, declaró improcedente la complementación y enmienda solicitada, toda vez que no reunía los requisitos formales, menos sustanciales para su procedencia. Asimismo, en audiencia añadió que efectuó un análisis del proceso voluntario, por ello no se aplicó el art. 645 del CPC, que versa sobre la resolución de fondo de la declaratoria de herederos que en la presente causa no se ha pronunciado; por otra parte, el Auto de Vista cuestionado dispuso la notificación a los terceros, según la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, para generar “seguridad jurídica”.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concede
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.13.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- (OBJETO)
- y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido,
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- III.3. Sobre la tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional
- III.4.1. Con relación a la actuación del Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial
- No ha lugar a la complementación y enmienda impetrada: (…) y no existiendo términos obscuros, errores materiales u otros, que por otro lado, un error in judicando es inexcusable únicamente cuando existe ley expresa y terminante violentado…
- debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes que se obró conforme a la normativa vigente
- III.4.2. Sobre la actuación de la Jueza Segunda de Partido en lo Civil y Comercial