SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1057/2014
Fecha: 09-Jun-2014
II.5.
II.5. Cursan: testimonio de divorcio seguido por Concepción Honor de Rodríguez contra Gerónimo Rodríguez Jiménez, por el que certifica la Sentencia de divorcio dictada el 23 de septiembre de 1980 como la ejecutoria de 23 de mayo de 1994 (fs. 132 a 140); partida de matrimonio de Oscar de La Fuente Zenteno y Ana María Honor Terceros de 29 de febrero de 1981 (fs. 141); el 21 de julio de 2006, la Directora General de Trabajo y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo, certificó que febrero de 1981, solamente traía 28 días (fs. 149); testimonio de demanda de adopción seguida por Oscar La Fuente Zenteno de los menores Carlos y Mirian Lily Rodríguez Honor, ante el Juez Instructor de Turno de Familia (fs. 153 a 159 vta.); por Auto de Vista 198 de 7 de noviembre de 1985 la Sala Civil y Comercial Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, aprobó el Auto elevado en revisión que fue pronunciado por el Juez Segundo de Instrucción en Familia (fs. 161 vta.); testimonio de 23 de diciembre de 2005, de la demanda voluntaria sobre declaratoria de herederos seguido por Miriam Rosa La Fuente de Gallinatti, al fallecimiento de su padre el de cujus Oscar La Fuente Zenteno realizada ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil de 7 de diciembre de 2005 (fs. 39 a 43 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión,
- III.4. Requisitos para que la jurisdicción constitucional pueda ejercer el control de la legalidad ordinaria
- en el presente caso no se activa el amparo constitucional, toda vez que la accionante no precisó la forma o manera en la que los hechos alegados habrían lesionado sus derechos fundamentales invocados, ni indicado concretamente qué reglas de interpretación fueron lesionadas, careciendo el recurso de contenido jurídico-constitucional
- Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- el recurso de amparo no es casacional y por ende no puede revisar a la interpretación de la legalidad ordinaria para determinar la correcta o incorrecta aplicación de normas
- III.5. Análisis del caso concreto
- denegado
- CONFIRMAR