SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1081/2014

Por otra parte, Rolando Cuellar Méndez y Jorge Carrillo Beltrán, codemandados, mediante su abogado en audiencia expresaron que: 1) El accionante acredita que desde el 2001, tiene registrado su derecho propietario de los terrenos en cuestión; existiendo una Ordenanza Municipal (OM) 52/2006, aprobando la urbanización y de esta manera procede a la venta; empero, surge el problema cuando la junta vecinal exige que Zenón Marín Mollo, demuestre su derecho propietario, señalando si corresponde a una propiedad rural, a cuyo efecto acredite los impuestos en catastro, o si es urbana los impuestos en la Alcaldía; al no presentar la documentación nace la duda de los vecinos; por otro lado, la codemandada Jacqueline Suárez Rodríguez, cuenta con documentación que respalda su derecho propietario a diferencia del accionante, por lo que los dirigentes optaron por no pagar las cuotas correspondientes a la compra; y, 2) El accionante indica que no se está cumpliendo con el pago de las  cuotas, pero para el efecto existe la vía civil; no obstante, para el cumplimiento de contrato ha activado la acción de amparo constitucional, por lo que, se solicita al Tribunal de garantías  se deniegue la tutela.