SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1483/2014
Fecha: 16-Jul-2014
II.5.
II.5. Por memorial de 31 de enero de 2012, Bernardeth Candy Cortez Zenteno, interpuso incidente de nulidad de remate judicial ante el Juez Primero de Instrucción en lo Civil, dentro el proceso ejecutivo seguido por María Cristina Espindola Cardozo contra su ex esposo Mario Pedro Irusta Vargas, argumentando que como efecto del proceso de divorcio el Juzgado Segundo de Partido de Familia, mediante resolución de 8 de junio de 2000, se declaró como bien ganancial de su persona el 50% de las construcciones que se efectuaron al bien inmueble declarándole como propietaria del 50%, (fs. 28); por otro lado, refiere que instauró un proceso penal contra su ex marido por el delito de estelionato, ya que no se respetó su derecho propietario reconocido judicialmente, donde el juez de la causa dispuso la anotación preventiva y la hipoteca legal sobre los bienes propios, acciones y derechos de Mario Pedro Irusta Vargas, debidamente registrado sobre el inmueble el 23 de septiembre de 2011, añade que nunca fue notificada con el proceso ejecutivo, ni con el avaluó del inmueble, ni la resolución que disponía el remate, solicitando la nulidad del remate y de obrados hasta su notificación con el señalamiento de audiencia de remate y el avaluó catastral del inmueble (fs.19 a 23 del anexo).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
- concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez directamente justiciable
- nuevo modelo de Estado que proyecta la Constitución, sustentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la descolonización, como nuevos ejes fundacionales
- la funcionalidad de la Constitución Política del Estado
- gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
- estructura a la misma sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- subsidiariedad
- Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales
- III.2. Sobre el derecho al debido proceso
- a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido
- ha dejado establecido que: 'la seguridad jurídica' es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento'.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.3. Deberes de los jueces y tribunales de alzada
- Dicho régimen normativo que, regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia, y los de casación respecto de los de apelación, marca el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional, estableciendo si el a quo, observó el cumplimiento de los plazos procesales, así como de verificar si se realizó la correcta aplicación de la norma, a efectos de establecer sanciones, frente a la inobservancia de los imperativos que regulan la actividad judicial.
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo