SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0989/2015-S2

Dentro del caso concreto, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, al principio de verdad material y a la propiedad privada en mérito a los siguientes fundamentos: la RA RA-SS 0119/2011 de 25 de enero, emitida por INRA Departamental de Santa Cruz, al tener una errónea fundamentación y deficiente valoración de la prueba presentada por su parte fue objeto de una demanda contenciosa administrativa, misma que fue interpuesta ante el Tribunal Agroambiental, que fue de conocimiento de la Sala Liquidadora del Tribunal Agroambiental, que emitió el Auto Interlocutorio Definitivo S1 10/2012 de 31 de mayo, declarando la perención de instancia para la interposición de la demanda, por lo que reiteró su solicitud ante la misma Sala, en cumplimiento del art. 311 del CPC, cuyo contenido establece que es posible que se pueda presentar otra demanda, en el plazo perentorio de un año, una nueva demanda contenciosa administrativa desde la ejecutoria que declare la perención de instancia; sin embargo, las autoridades demandadas, mediante Auto Interlocutorio Definitivo 29/2013 de 26 de junio, declararon “no haber lugar” a la admisión de la demanda contenciosa administrativa, en franco incumplimiento del precitado artículo y Código, por lo que tal acto le impide al acceso a un juicio justo y equitativo para poder defenderse.

Por consiguiente corresponde, aplicar el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a que la acción de amparo constitucional, tiene la finalidad de brindar una protección inmediata y oportuna a los derechos fundamentales lesionados como también hacer efectiva la tutela solicitada; de ahí, que se exige que las personas acudan de manera pronta y oportuna a la vía constitucional dentro del plazo máximo de seis meses, observando y cumpliendo los diferentes presupuestos necesarios para su activación, caso contrario, solo se actuará en perjuicio propio como en el presente caso concreto, en que se dejó que operara la caducidad de la acción de defensa.