SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1110/2015-S2

En ese orden, conforme al detalle efectuado en las Conclusiones del presente fallo, se evidencia la certitud de las denuncias efectuadas por la accionante, tomando en cuenta que, no consta respuesta alguna a sus peticiones contenidas en las notas de 10 de diciembre de 2014; 9 y 13 de marzo de 2015, consignadas en las Conclusiones II.1, II.3 y II.4 del presente fallo; por las que, impetró la actualización de su documentación de lote de terreno, a efectos de su inscripción en DD.RR., y dejar sin efecto igualmente, el plano aprobado a favor de Anderson Justiniano Kojarata, quien según alegó, no presentó documentación alguna a objeto de demostrar su supuesto derecho propietario.

Resalta en ese mérito que, la autoridad demandada, indicó en audiencia que, la impetrante de tutela, no habría cumplido con los requisitos pertinentes a fin de obtener el plano que requería, conforme a sus peticiones cursadas; sin embargo, no consta actuado alguno que denote que se hubiera indicado a la accionante aquello, anotando ella misma en su nota de 9 de marzo de 2015, que, no mereció respuesta alguna a sus peticiones ni referencia expresa a la omisión de requisitos “o algo”; en ese orden, debe tenerse en cuenta que, en el marco de la jurisprudencia desarrollada ampliamente en el Fundamento Jurídico precedente, el derecho de petición exige otorgar una respuesta formal, pronta y oportuna al administrado, lo que no exige que la misma sea favorable a la petición sino que la contestación sea positiva o negativa, se encuentre debidamente fundamentada y permita conocer al peticionante, las razones de la respuesta concedida; lo que claramente no fue cumplido en el caso de autos, por las razones aludidas precedentemente.

Así, de acuerdo a las premisas anotadas supra y al no constar documento escrito alguno que hubiere respondido a las notas presentadas por la impetrante de tutela, la autoridad demandada incurrió indiscutiblemente en vulneración del derecho de petición, instituido en el art. 24 de la Ley Fundamental; no existiendo una respuesta que solucione material y sustantivamente las pretensiones deducidas, sea de manera positiva y negativa, para de ser el último caso, la accionante tenga la posibilidad de activar las vías ordinarias administrativas de reclamo, tomando en cuenta que, el derecho de petición es el vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de lo solicitado para su pleno ejercicio; lo cual exige, se resalta nuevamente, una respuesta material, sea en sentido favorable o desfavorable dentro de un plazo razonable.

           Conforme a lo expuesto, concierne confirmar la decisión asumida inicialmente por el Tribunal de garantías, quien concedió la tutela requerida por la impetrante de tutela; siendo claro para esta Sala que, de acuerdo a lo anotado en párrafos anteriores, la autoridad edil demandada, inobservó los arts. 24 y 232 de la CPE, última disposición que regula los principios sobre los que debe regir su actuación todo servidor público a quien se dirige una petición; resultando claro en el caso de análisis que, desde el 10 de diciembre de 2014, fecha en la que la impetrante de tutela curso su primer requerimiento, al 24 de abril de 2015, en la que interpuso la presente acción de amparo constitucional, no obtuvo una respuesta real, pronta, motivada y material, respecto a sus peticiones; transcurriendo más de cuatro meses sin conocer la respuesta a sus pretensiones, inobservando así que a efecto de materializarse este derecho, se repite, debe existir una respuesta satisfactoria, sea positiva o negativa a los intereses del peticionante; por lo que, la Administración Pública, debe ceñir su actuar a brindar respuestas que cumplan lo descrito por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resolviendo lo esencial de la petición, asegurando además su efectivo y real conocimiento por parte de él o la solicitante.