SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1213/2015-S2
Fecha: 12-Nov-2015
1)
Héctor Alvarado Jiménez, en su condición de tercero interesado, en audiencia a través de su abogada, señaló que: 1) Si sabemos que el Estado a la fecha adeuda “180.000.000.000 de dólares” a la Seguridad Social, no podemos hablar de incongruencia o de que estamos yendo contra los dineros del Estado, se sabe lo que está pasando dentro del SENASIR, que se está trasgrediendo los más elementales derechos, 2) Desde hace tiempo se tiene la Ley 2434 de 2002, que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición y las prestaciones de vejes, invalides o muerte del sistema de reparto y del seguro social obligatorio de largo plazo, se pagaran en bolivianos con mantenimiento del valor respectivo a la variación de la UFV’s , publicada por el Banco Central de Bolivia, en el último día del año anterior, falta de Ley expresa, y en materia de seguridad social, la ultra actividad, la retroactividad, que también es aplicable porque se está ante un caso netamente humano, muy diferente a materia penal o civil; y, 3) Dentro de la Ley 065, nos hablan del mantenimiento del IPC y parece que no es de justicia social porque el objetivo esencial de la seguridad social, es primordialmente la justicia social en el caso, el pago global que el tercero interesado pretende recibir.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- I.2.4.Resolución
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- Fragmento 11
- III.1. Sobre el derecho al debido proceso
- El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- Fragmento 14
- III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones elemento esencial del debido proceso
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión
- En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo
- impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo
- por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes
- la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos e impidiendo la sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a lo descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del Puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el 'hecho' no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica
- Fragmento 23
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo