SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2015
Fecha: 26-Feb-2015
Fragmento 24
Así se tiene que, éstos alegan que el primer párrafo del art. 96 de la LGTTIC, al establecer la prohibición de aplicación de la sanción de secuestro a operadores legales de telecomunicación, constituiría una garantía de protección de los derechos a la libertad de expresión, información y comunicación, prevista en los arts. 21.5 y 6, 106.I, II y III de la CPE; sin embargo, añade que en contraposición a ello, la frase “y/o secuestro de equipos, componentes, piezas y/o materiales” impugnada a través de la presente acción y contenida en el art. 11 del referido Reglamento, habilitaría la aplicación de dicha sanción en contra de operadores legales de telecomunicación, como la empresa que representa; estas afirmaciones develan que los argumentos bajo los cuales se denuncia la inconstitucionalidad de la frase antes transcrita, reflejan aspectos enmarcados en posibles conflictos emergentes de contenidos normativos plasmados en disposiciones de jerarquía inferior a la Ley Fundamental, concretamente, se advierte una controversia entre el primer párrafo del art. 96 de la LGTTIC y el art. 11 del Reglamento de Sanciones y Procedimientos Especiales por Infracciones al Marco Jurídico Regulatorio del sector de telecomunicaciones, aprobado por DS 25950, discusión que en todo caso, corresponde ser dilucidado por la autoridad administrativa respectiva –Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda–, dentro del recurso jerárquico planteado por el representante de la empresa “Somos Bolívar Televisión” contra la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 1078/2013 de 27 de diciembre, expedida por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT); proceso administrativo dentro del cual se promovió la presente acción de inconstitucionalidad de carácter concreto; en consecuencia, los hechos expuestos por la parte accionante, no generan una directa relación de análisis de compatibilidad entre la disposición legal impugnada y las normas constitucionales invocadas, al enmarcarse la problemática traída a colación, en el ámbito del control de legalidad; circunstancias por las cuales este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede desarrollar el respectivo control de constitucionalidad en su ámbito normativo.
- acción de inconstitucionalidad concreta
- I.1. Contenido de la acción
- I.1.1. Relación sintética de la acción
- rechazó promover
- revocó
- I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada
- I.4. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1. Norma impugnada de inconstitucionalidad
- ARTÍCULO 11.- (SANCIÓN DE SEGUNDO GRADO)
- II.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza de la acción de inconstitucionalidad concreta
- Fragmento 13
- que compele a los accionantes a fundamentar sus demandas explícitamente en derecho; por consiguiente, para considerar las acciones de esta naturaleza en principio es ineludible la exigencia de una clara y suficiente argumentación jurídica entre el precepto normativo demandado de inconstitucional, en relación a las disposiciones de la Ley Fundamental o del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidas, requisito que constituye una condición habilitante para que esta jurisdicción despliegue el examen de constitucionalidad; asimismo, dicha exigencia obliga a los legitimados a formular sus demandas de acción de inconstitucionalidad a cumplir una carga argumentativa racional y suficiente, en la medida que este Tribunal, adquiera duda razonable respecto a la contradicción o vulneración del régimen constitucional como consecuencia de la vigencia de los preceptos impugnados; lo que implica además, que el accionante, en aras de buscar la apertura de la justicia constitucional, demuestre la necesidad y la importancia de un fallo de esta jurisdicción.
- Fragmento 15
- la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso' (…); entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: '…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas
- III.3. Sobre la imposibilidad del ejercicio de control de legalidad a través de las acciones de control normativo
- el control normativo de constitucionalidad encomendado por la función constituyente al Tribunal Constitucional Plurinacional, difiere sustancialmente del control de legalidad, el cual, en mérito al diseño y roles propios del sistema plural de control de constitucionalidad, no puede ser encomendado a éste, porque se generaría una disfunción orgánica
- los conflictos emergentes de contenidos normativos plasmados en disposiciones infra-constitucionales, que impliquen una interpretación de aplicación normativa y que no generen una directa relación de análisis de compatibilidad entre la norma cuestionada y el bloque de constitucionalidad, son problemáticas que se enmarcan en el ámbito del control de legalidad, por tanto, en resguardo a una coherencia orgánica, tal como se dijo precedentemente, no podrán ser analizadas a través del control normativo de constitucionalidad, por lo que, en casos en los cuales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, evidencie que la denuncia o denuncias realizadas a través de la acción de inconstitucionalidad en su faceta abstracta o concreta, se encuentran circunscritas a un conflicto de legalidad, esta instancia deberá, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática, declarar la improcedencia de la acción
- las antinomias o las controversias normativas entre disposiciones legales con jerarquía inferior a la Constitución Política del Estado, corresponden ser dilucidados y armonizados ante las autoridades de la jurisdicción ordinaria o administrativa, según corresponda en cada caso concreto. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en la Norma Suprema, no ejerce el control de legalidad de las normas, al tener como labor principal la defensa de la Ley Fundamental a través del control de constitucionalidad. Por lo tanto, si la acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta tiene implícito como problema jurídico un conflicto de inter legalidad, esta jurisdicción deberá declarar la improcedencia de la acción, sin ingresar a fondo, habida cuenta que el constituyente boliviano, no le confirió a éste Tribunal la facultad de armonizar o compatibilizar normas de ésa jerarquía, sino es de éstas con la Constitución Política del Estado.
- no se activa cuando una disposición legal contradice o es incompatible con otra disposición legal ordinaria de superior jerarquía, ya que en esa situación nos encontraríamos ante una ilegalidad no ante una inconstitucionalidad; por lo que el control de esa situación corresponde al ámbito del control de legalidad
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 23
- Fragmento 24
- IMPROCEDENCIA