SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/2015-S1

Actuación de la autoridad demandada que desconoció: a) La presentación voluntaria del accionante ante la suspensión del arresto; b) Lo establecido en la Ley de Modificación al Sistema Normativo Penal, que modificando el art. 226 del mencionado CPP, refiere que: “El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado, cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad, excepto en los delitos previstos y sancionados por los Artículos 132 bis, 185, 254, 271 primer párrafo y 331 del Código Penal”  (las negrillas y el subrayado son añadidos); c) El accionante acreditó su domicilio con su cédula de identidad y su familia con la presencia de su hermano y de su hijo; y, d) Que de acuerdo a la declaración informativa del accionante y el certificado médico forense, las lesiones denunciadas fueron producto de una riña, entre el accionante y la “supuesta víctima a causa de un accidente automovilístico” (sic), así de acuerdo al art. 272 del CP, debe disminuirse la consideración de la pena, ante la presencia de elementos constitutivos del art. 259 del CP, como es la riña o pelea, dando lugar a que no exista el mínimo legal requerido por el art. 226 del CPP, por cuanto dicha autoridad se encontraba impelida de disponer aprehensión en caso de delitos de lesiones graves o leves previsto en el art. 271 del CP; aspectos que evidencian la falta de fundamentación del requerimiento de aprehensión.

Conforme expresó la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1642/2014; 1354/2014; 1181/2014; 1003/2014 y 0965/2014 entre otras, la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal que establece una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación, cuya procedencia se activa sin fueros ni privilegios contra cualquier servidor público o persona particular; y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal; y en cuanto al segundo que estructura el contenido esencial de esta garantía constitucional, configurado por sus presupuestos de activación, que en el marco del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida.

Por cuanto la acción de libertad se constituye en el medio de defensa extraordinario, preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física, locomoción, y el derecho a la vida, en pro del restablecimiento de la afectación, ya sea cuando la vida se encuentre en peligro, exista persecución, procesamiento o privación de libertad ilegales o indebidas, activándose de forma especial y sumarísima, sobre la base de la inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación.