SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0123/2015-S2
Fecha: 23-Feb-2015
III.4. Análisis del caso concreto
La accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en su componente fundamentación de las resoluciones y acceso a la justicia; debido a que, dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público, a denuncia de ella, en representación de su hijo menor de edad, el Fiscal Departamental de Potosí emitió la Resolución 47/2013, en la que ratificó el sobreseimiento a favor de la imputada decretado por la Fiscal de Materia, sin la debida motivación y fundamentación conforme establece el art. 73 del CPP; asimismo, obró sin competencia al emitir la merituada Resolución, fuera del plazo establecido por la segunda parte del art. 324 del citado adjetivo penal.
De la compulsa de los antecedentes que han sido remitidos a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha evidenciado que el 8 de mayo de 2012, el Fiscal de Materia informó al Juez Instructor de turno en lo Penal del departamento de Potosí, el inicio de investigación, en mérito a la denuncia interpuesta por Wilma Casanova Martínez de Pérez -ahora accionante-, en representación de su hijo menor Rodrigo Pérez Casanova, por la presunta comisión del delito de lesiones y amenazas. Posteriormente, el 7 de agosto de 2012, la autoridad Fiscal presentó imputación formal ante el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Potosí, contra Marita Pérez Gutiérrez, por la presunta comisión del delito de lesiones leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, modificado por la Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, en grado de autoría, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la accionante.
Luego de ello, el 29 de agosto de 2013, la Fiscal de Materia pronunció Resolución de sobreseimiento dentro del presente caso, en favor de la imputada, en aplicación de los arts. 323.3 del CPP y 40.11 de la LOMP, al considerar que los elementos de convicción acumulados durante la etapa preparatoria de juicio oral, no eran suficientes para determinar su responsabilidad penal, al existir duda razonable sobre su autoría en el ilícito imputado; en virtud a ello, la accionante presentó impugnación contra la citada Resolución, motivo por el cual el Fiscal Departamental de Potosí -ahora autoridad demandada-, en aplicación del art. 305 del CPP y con la facultad conferida por el art. 34.17 de la LOMP, mediante Resolución 47/2013, ratificó la Resolución de sobreseimiento decretada por la Fiscal de Materia dentro del presente caso de autos.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- I.3.4. Intervención de la representante del Ministerio Público
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- constituye el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad
- III.2.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica
- toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas
- III.4. Análisis del caso concreto
- la Fiscal de Materia procedió a la remisión de la Resolución de sobreseimiento, así como el cuaderno investigativo, el 14 de octubre de 2013 (según consta del cargo de recepción de la auxiliar legal de la Fiscalía de Distrito de Potosí); por su parte, el Fiscal Departamental emitió su Resolución jerárquica, el 21 de octubre del mismo año, vale decir
- debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente;
- no sólo deberá circunscribirse a citar las pruebas que aportaron las partes, sino exponer su criterio sobre el valor que se da a las mismas luego de su contraste y valoración, expresando el razonamiento jurídico de su decisión
- no se ha evidenciado la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación alegado por la accionante,
- CONFIRMAR