SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0193/2015-s2
Fecha: 25-Feb-2015
III.3. Análisis del caso concreto
La problemática se encuentra referida a que el accionante denuncia vulneración de sus derechos a la petición, tutela judicial efectiva, a la propiedad privada, seguridad jurídica y presunción de inocencia; toda vez que, el Ministerio Público mantuvo retenida la aeronave de su propiedad por espacio de cuatro meses y medio, para ser luego entregada a DIRCABI y después a la Fuerza Aérea Boliviana, a pesar de no existir resolución de confiscación; finalmente, se interpuso un incidente de devolución de la aeronave, pero hasta la presentación de ésta acción, la autoridad jurisdiccional no se pronunció sobre el particular y tampoco corrió traslado al Ministerio Público; sin embargo, el Fiscal demandado, denegando la devolución solicitada, precipitó dicha entrega a DIRCABI, con el argumento de no tener competencia para ese actuado.
Conocidos los antecedentes del proceso y conforme se advierte de una revisión minuciosa del Testimonio de poder 0082/2014, otorgado por Dagner Pierre Serrano Paredes, en favor de José Franz Corcuy y/o Eldy Castedo Barba, el mismo no consigna expresamente la facultad específica de presentación de acciones tutelares, por lo que, al carecer los representantes legales de legitimación activa como requisito de admisibilidad para activar la tutela solicitada, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada.
De esta manera, la jurisprudencia constitucional en relación a la persona natural o jurídica agraviada, previene que la acción de amparo constitucional podrá plantearse de manera directa o mediante otra persona, en cuyo caso, deberá otorgarse un poder notariado, para que quien concurra ante el Juez o Tribunal de amparo, debe acreditar debidamente su personería y el mandato expreso, pues dicha acreditación se constituye en uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional tal como lo determina el art. 77. 1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); extrañándose que el Tribunal de garantías, no hubiere observado este requisito de admisibilidad, que de haberse advertido hubiese podido ser subsanado oportunamente.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas.
- concedió parcialmente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- Fragmento 16
- Fragmento 17
- “Para hacer referencia a los sujetos activos es necesario partir de una premisa fundamental: así como no existe acción sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos, tampoco hay acción sin legitimación activa y pasiva.
- La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva -.
- En el recurso de amparo la legitimación activa consiste en la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de la acción constitucional, en otras palabras, se tendrá legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado - sujeto activo - se encuentre en la posición que fundamenta la titularidad de la acción, en ese sentido, tendrá legitimación activa quien sea titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado.
- no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado
- Con relación a la persona natural o jurídica agraviada, la norma constitucional y la legal referidas, establecen que la misma podrá plantearse de manera directa o mediante otra persona, en cuyo caso, deberá otorgar el poder notariado; de manera que la persona quien concurra ante el juez o tribunal de amparo para plantear la acción, debe acreditar debidamente su personería, pues dicha acreditación se constituye en uno de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional así lo determina la norma prevista por el art. 77. 1 de la Ley del TCP.
- III.3. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en todo