SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0200/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
Fragmento 25
En ese contexto y de acuerdo a la compulsa de los antecedentes y de la documentación adjunta a la presente acción de amparo constitucional, se evidencia que en base al art. 102 del Reglamento Interno, mediante Resolución Administrativa (RA) 08/2013 de 14 de octubre, suscrito por Nila Heredia Miranda, Interventora y Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicha institución, designó como Juez Sumariante a Fabricio Condori Carrasco y éste mediante Auto inicial de sumario 006/2013 de 25 del mismo mes y año, inició proceso sumario contra los ahora accionantes y otros, por haber vulnerado el art. 9 num. 1, 4, 10, 11, “(2° 9.10)”, 15 y 18, habiéndose notificado a Miguel Ángel Quispe Calisaya el 26 de noviembre del año indicado, a horas 17:00, en tanto que a Máximo Remigio Quispe Calle el 28 del mes y año señalado a horas 9:55 recepcionado su declaración informativa a horas 10:00. Posteriormente, el Juez Sumariante a través de la Resolución 005/2013 de 17 de diciembre, resolvió lo siguiente: 1) Declarar responsabilidad administrativa contra los funcionarios Máximo Remigio Quispe Calle, Miguel Ángel Quispe Callisaya, Mario “Leonel” Torres Callisaya, Oscar Vargas Aliaga y Máximo Carlos Aliaga Mendoza, por haber vulnerado el art. 9 núm. 11 “(2° 9.10)” del Reglamento Interno; por lo que, en aplicación a lo establecido en el art. 94 núm. 2 de dicho Reglamento se dispuso la multa pecuniaria equivalente a tres días de su haber básico; 2) En relación a los hechos denunciados el 21 de septiembre de 2013, ocurridos en el galpón satélite de COTEL, se declaró el sobreseimiento total en favor de los funcionarios Florencio López López, Edwin Manuel Parrado Condori, Francisco Juan Yanahuaya Mamani y Fernando Eloy Roque Vargas; y, 3) En cuanto al hecho de tránsito ocasionado en estado de ebriedad en un vehículo de COTEL contra otro particular de Alejandro Contreras Pérez, se declaró responsabilidad administrativa y penal contra los accionantes por haber vulnerado el art. 9 num. 1, 4, 10 y 15 del Reglamento Interno, y siendo que su conducta se ajusta a los tipos penales de los arts. 200 y 203 del CP, de acuerdo a lo establecido en los arts. 94 núm. 3 del Reglamento Interno, 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, se dispuso la destitución sin lugar a desahucio ni indemnización, salvando los quinquenios consolidados, habiendo sido notificados con dicha Resolución el 18 de febrero de 2014. Misma que al ser apelado por los accionantes, éste fue confirmado por el Tribunal Sumariante por fallo 001/2014 de 10 de abril, instruyendo a la Dirección Jurídica iniciar la respectiva acción penal contra los accionantes y de ser necesario constituirse en parte civil para la reparación del daño económico.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- Fragmento 5
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- 1)
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- III.2. Sobre el derecho al debido proceso y sus alcances
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc.,
- En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso -sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material
- concluimos que la garantía del debido proceso, conlleva el cumplimiento de formalidades legales, procesales establecidas en una determinada disposición, norma, reglamento por parte de la autoridad jurisdiccional, administrativa, legislativa. Pues la observancia de la normativa procedimental es base de la seguridad jurídica dentro de un Estado por lo que los órganos legislativos tienen la responsabilidad de enmarcar sus actos conforme a las normas procesales reglamentarias
- potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea
- por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional
- de donde se colige que por una parte el juzgador tiene la obligación y el deber de respetar y garantizar el derecho a la defensa, así como se halla impedido de aplicar una sanción cuando en la tramitación de la causa se ha vulnerado dicho derecho
- Fragmento 25
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 27
- concedido en parte
- CONFIRMAR