SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0282/2015-S2
Fecha: 26-Feb-2015
II.8.
II.8. El 22 de marzo de 2013, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ejecutivo seguido por BIDESA en Liquidación contra Mena Elfy Chávez Molina y Roberto Pérez Chávez, pronunció el Auto de Vista 54/2013, por el que confirmó el Auto de 4 de diciembre de 2011, cursante de “fs. 321 a 323” del expediente original, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los principios de pertinencia y congruencia previstos en la normativa de los arts. 236 y 227 del CPC, fijan el marco jurisdiccional para la resolución de la apelación, que se circunscribirá a lo resuelto por el juez en el fallo impugnado y a los puntos de la expresión de agravios; 2) La falta de notificación con la tercería de dominio excluyente a la parte acreedora, no constituye materia de lo resuelto en resolución; es decir, no guarda la pertinencia y coherencia exigida por los arts. 219 y 227 del CPC, tampoco se sujeta a lo establecido por el art. 236 del CPC, el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; 3) No se ocasionó estado de indefensión al TGN como expresó el recurso de apelación, por cuanto el Testimonio de Poder 317/2011 de 29 de agosto, confiere a Carolina Genoveva Carrasco Pedriel facultades de representar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y TGN, teniéndose facultades de representar y defender los intereses de esta última Institución, como acreedor cesionario de las carteras de créditos cedida por BIDESA en Liquidación, al presentar memorial de 25 de noviembre de 2011, tenía la posibilidad de hacer uso de las facultades procesales, concluyéndose no existir causal alguna para disponer la nulidad de obrados por estado de indefensión; 4) Sobre la falta de notificación con la tercería de dominio excluyente a la parte ejecutada, la entidad acreedora no está legitimada para efectuar reclamos concernientes a otros sujetos procesales, no existe perjuicio alguno para la parte ejecutada, por cuanto notificada con el auto de 17 de abril de 2012, y demás actuaciones procesales, no se formuló impugnación alguna al trámite de la tercería, en virtud de los principios de preclusión y convalidación tampoco existe razón para disponer la nulidad de obrados; y, 5) Con relación a la anotación preventiva caducada, se consideró los efectos de la retroactividad expresados en el art. 1553.II del CC, máxime si de la revisión de la apelación se evidencia haber existido impedimentos de índole administrativo, no atinentes a la tercerista (fs. 223 a 225).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concedió
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- Fragmento 17
- 'La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela'”
- III.
- 'La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
- lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo
- principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia
- En función a las consideraciones anteriormente señaladas, la congruencia de toda decisión judicial implica la identidad entre lo solicitado y lo resuelto por el administrador de justicia, lo cual supone también, la concordancia entre la parte considerativa de la resolución con la parte dispositiva de la misma; el objeto de controversia y la decisión final que pone fin al litigio
- “'El derecho a la defensa a su vez significa que toda persona procesada, en cualquier materia, tiene derecho a defenderse en forma irrestricta. Es, a la vez, una garantía que tiene la finalidad de que dicha persona pueda encarar el proceso en igualdad de condiciones con quien la procesa, que se respeten en juicio sus derechos y garantías constitucionales' (SC 1262/2001-R, de 29 de noviembre).
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- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR