SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2015-S1
Fecha: 20-Mar-2015
denegó
El Juez Séptimo de Partido y Sentencia Penal del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 12/2014 de 2 de septiembre, cursante de fs. 44 a 48 vta., denegó la tutela solicitada, considerando que: 1) Su autoridad solo puede analizar si ha habido violaciones al debido proceso y no así la prueba o actos procesales, que deben ser analizados en la vía ordinaria, previa solicitud del afectado; 2) Para abrir la jurisdicción constitucional debe haberse agotado todas las instancias, etapas procesales y recursos que la ley franquea; 3) En el presente caso las autoridades demandadas realizaron los actos procesales, conforme a los plazos previstos por el Código de Procedimiento Penal, según el análisis de las actuaciones realizadas y como lo manifestó el propio accionante; y, 4) No se evidencia vulneración al debido proceso ni al principio de celeridad, al haber los demandados dado el impulso procesal correspondiente.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal
- es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos
- i)
- III.2.Jurisprudencia reiterada sobre subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
- sin embargo, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los interesados o afectados; en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación
- Fragmento 16
- sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional
- CONFIRMAR