SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0403/2015-S2
Fecha: 20-Abr-2015
II.5.
II.5. Mediante memoriales presentados el 11 y 13 de marzo de 2014, dirigidos a Lino Condori Aramayo, Gobernador a.i. del departamento de Tarija, el accionante hizo conocer su derecho a la inamovilidad funcionaria, solicitando que se respete el mismo por padecer discapacidad física: hipoacusia bilateral de evolución crónica con antecedentes de cardiopatía chagásica y nefroliatiasis, adjuntando certificado médico, emitido por Víctor Vilcaez Flores y la Certificación 7, expedida por Patricia Ivett Diaz Ribera, Directora del SEDES de Tarija, indicando además que realizó el tramite respectivo ante instancias pertinentes para solicitar el carnet de discapacidad, mismo que se encontraba en trámite (fs. 6 a 8; y 12 a 13). Solicitud que por Cite 0883/2014 de 17 de marzo, fue respondido de manera negativa en base a la nota GOB/RR.HH/RVR/LOV/0194 de 14 de marzo, emitida por el Director de Recursos Humanos de dicha institución; quien en mérito a los informes legal 002/2014 de la indicada fecha y técnico GOB/RR.HH/RVR/WZF7005/2014 de 13 de similar mes y año, así como el proyecto de nota de respuesta en medio físico y magnético al memorial de solicitud de inamovilidad laboral efectuada por el accionante, dio a conocer al Gobernador demandado, que se determinaba que no correspondía dar curso a la petición efectuada por Juan de Dios Romero Condori, al haberse desvinculado de la institución mediante memorándum GOB/A/025/2014 de 13 de febrero, por la inexistencia del cargo de Director de Planificación y Ordenamiento Territorial, como consecuencia de la supresión del área organizacional denominada Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, de acuerdo a la reorganización de la estructura organizacional y administrativa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija aprobada mediante Decreto Departamental 004/2014 de 5 de febrero, amparado en el art. 41 inc. g) de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP), art. 32 h) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y SCP 0530/2013-L de 18 de junio, circunstancia que hubiera sido aceptada de manera expresa por el ex servidor público mediante nota Dir. Planificación y Ord. Territ./013/2014 de 18 de febrero. Aclarando que la supresión del puesto constituye una causal justificada de retiro en aplicación del art. 35.II de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012; además que resultaba extemporánea la solicitud de inamovilidad efectuada el 11 de marzo de 2014, por haber sido presentada con posterioridad a la desvinculación con la institución, que se hizo efectiva a partir del 17 de febrero del citado año, constituyéndose la otorgación de duodécimas de vacaciones una consecuencia del retiro de la entidad (fs. 14 a 25).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Protección constitucional sobre la inamovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes
- El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad
- No obstante, cabe aclarar que la Disposición Transitoria Única de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), dispone de manera transitoria la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678 , hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado.
- la Constitución Política del Estado vigente, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado
- el art. 5 de la LPD, concordante con los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807 y 3 inc. c) del DS 27477 de 6 de mayo de 2004; consagran el principio de estabilidad laboral, por el cual las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de su fuente laboral, con las salvedades de ley.
- las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo las causas legalmente establecidas, previo proceso; así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: «I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causas establecidas por Ley;
- se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso».
- derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado».
- 'El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)». «A su vez el art. 3 inc. c) del mismo DS, se refiere al 'Principio de estabilidad laboral' por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno. De la misma manera el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 27
- CONFIRMAR en todo