AUTO CONSTITUCIONAL 0110/2015-RCA

Con relación a los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandados, indicó que dichas autoridades a tiempo de resolver el recurso de casación y casar la Sentencia de primera instancia,no hizo uso de la prerrogativa constitucional de los arts. 180.I, 252 del CPC;17.I de  Ley de Organización Judicial(LOJ), que faculta al Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesan al orden público, porque no observaron todas las irregularidades que se cometieron en la tramitación del proceso desde el inicio hasta la emisión de la sentencia, como:a) La parte demandante, no adecuó su demanda dentro del plazo de cuarenta y ocho horas le concedió la Jueza Decimo Segunda de Instrucción en lo Civil , sino después del plazo señalado; b) A la excepción de prescripción que planteó; la Jueza de la causa no se pronunció,en sentencia;c) No se le notificó con la demanda ordinaria de nulidad de escritura y con la excusa de la Jueza Decimo Segunda de Instrucción en lo Civil; d) Tampoco se le notificó con la Resolución que emitió su similar Decimo Tercera, que ordenó se corrija la demanda;e) Que de acuerdo al avaluó catastral que tiene el inmueble, la Jueza Decimo Quinta de Instrucción en lo Civil, no tenía competencia para conocer la causa; y, f) La Jueza Decimo Quinta,declaró, ilegalmente probada demanda de rescisión de contrato por lesión enorme porque no cumplió con los tres requisitos que exige la normativa.

Señaló que, el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial , a cargo de Irma Villavicencio Suarez y la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, ambos de Santa Cruz, ésta última conformada por Editha Pedraza Becerra, Teresa Lourdes Ardaya Pérez y Edgar Molina Aponte, descuidaron totalmente su rol de directores y fiscalizadores.