SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0766/2015-S3

A emergencia de una querella presentada el 16 de noviembre de 2009 -hace más de cinco años-, por el entonces Prefecto del departamento de Pando, sindicándole la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros, el Ministerio Público presentó imputación formal el 12 de noviembre de 2010, contra los demás querellados pero no así contra su persona.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2012, el Ministerio Público presentó ampliación de imputación formal en su contra, misma que fue rechazada por el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Pando -hoy demandado- mediante providencia de 20 de igual mes y año, con el fundamento que el 18 de diciembre de ese año, se emitió conminatoria para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo, puesto que el plazo de duración máxima de la etapa preparatoria estaba ampliamente vencido, y también porque consideró que dicha ampliación implicaba un acto solapado de retardación que afectaba derechos de los sindicados. Dicha Resolución fue notificada al Fiscal y al querellante el 7 de enero de 2013, que siendo recurrida en reposición mereció un nuevo rechazo, el mismo que fue notificado a los recurrentes el 9 del mes y año indicados, sin haberse interpuesto acción alguna contra el mismo dentro de los seis meses siguientes.

No obstante ello, el 10 de enero de 2013, el Fiscal de Materia, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa con el que impetró la nulidad de la conminatoria de requerimiento conclusivo, solicitando su renovación y sin hacer referencia alguna al Auto que rechazó el recurso de reposición contra la providencia de 20 de diciembre de 2012; asimismo, el 14 de enero de 2013, en vigencia de la conminatoria, presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, sin incluirlo en la misma y dando por concluida la investigación penal y cerrando por consiguiente, la etapa preparatoria del proceso.

El incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el Ministerio Público contra la conminatoria pronunciada, fue rechazado por el Juez de la causa e inicialmente admitido por el Tribunal de alzada, el mismo que luego de una acción de amparo constitucional presentado por el coprocesado Rodolfo Zabala Durán, volvió a emitir un Auto de Vista el 22 de julio de 2015, el cual esta vez, dio vigencia a dicha conminatoria, y a través del Auto complementario de 5 de agosto del mismo año, explicó que no se otorgó ni denegó la vigencia de la ampliación de imputación formal en su contra; puesto que ello, no fue objeto de análisis en esa instancia.

Sin embargo, el contenido de ambos Autos de Vista, fue erróneamente interpretado por el Juez de la causa y la parte querellante, quienes asumieron que el Tribunal de alzada concedió vigencia a la acusación formal y a la ampliación de imputación, y en ese entendido, el 11 de agosto de 2014, el Ministerio Público ratificó la ampliación de imputación formal de 19 de diciembre de 2012 (contra su persona), pero ilógicamente señaló en su “otrosí 1”, que ratificaba la acusación formal de 14 de enero de 2014 (aquella que no lo incluía).

Dicha solicitud fue rechazada por el Juez de la causa -ahora demandado- mediante decreto de 23 de septiembre de 2014, quien a la vez, mediante otro decreto de la misma fecha, convocó a los acusados, entre los que no se encontraba su persona, a la respectiva audiencia conclusiva; sin embargo, esta última providencia fue recurrida en reposición por el Ministerio Público el 17 de noviembre del año señalado, por la cual éste pidió al Juez ordenar la notificación con la ampliación de imputación formal a los nuevos imputados (incluido el accionante).

Frente a ello, el referido Juez pronunció el Auto interlocutorio de 18 de noviembre de 2014, por el cual “a regañadientes se ve obligado” (sic) a señalar día y hora de audiencia para considerar y resolver la imposición de su detención preventiva, reponiendo con ello, una decisión que estaba firme desde “hace dos años atrás” (Auto de 18 de enero de 2013), al respecto, no debió dar validez a “ese documento” menos admitir una reposición repetida y anteriormente desestimada. Así, fue notificado con el citado Auto, el 29 de diciembre de 2014, por el que se pretendió someterlo a una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, convocada para el 5 de enero de 2015, donde el Ministerio Público buscó detenerlo o restringir de alguna manera su libertad de locomoción en base a una imputación que fue rechazada por un fallo que a la fecha de presentación de esta acción tutelar, está firme e incólume, incurriendo en una persecución penal y un procesamiento indebido.