SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0785/2015-S1

La Jueza Quinta de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 069/2014 de 10 de diciembre, cursante de fs. 189 a 191, concedió la tutela solicitada, respecto a Raúl Juan Carlos Massud Añez, Erwin Sandoval Morales y Jackeline Murguía Remuzgo, Directores General y  Departamental de Cochabamba y La Paz del Régimen Penitenciario respectivamente; Edgar Gustavo Estrada Navia, y Juan Carlos Corrales Ortiz, Directores de los  recintos penitenciarios de San Pedro y  El Abra, Delia Illanes Choquetijlla, Rubén Herrera Medrano, Vladimir Huanca Quisbert, Abogada, Psicólogo y Trabajador Social del  señalado Recinto Penitenciario de El Abra; y, denegó respecto a Fresia Orellana Goitia, Jueza Segunda de Ejecución Penal del departamento de Cochabamba, bajo los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes se tiene que el Consejo Penitenciario extraordinario ante la posibilidad de disputas y con  base al equipo multidisciplinario que lo conforma, por RA “32/2014”, dispuso el traslado del accionante del Recinto Penitenciario de El Abra del departamento de Cochabamba, al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, y una vez remitido se encuentra detenido en el sector denominado “La grulla” desde el 29 de noviembre de 2014; ii) En el presente caso Raúl Juan Carlos Massud Añez, Director General de Régimen Penitenciario, por Resolución Administrativa dispuso el envió del accionante sin el previo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal; por su parte Erwin Sandoval Morales y Jackeline Murguía Remuzgo, Directores Departamentales de Régimen Penitenciario de Cochabamba y La Paz respectivamente, permitieron sin orden escrita la salida del Penal de El Abra el primero y la entrada al Recinto Penitenciario de San Pedro el segundo, sin que existiera orden expresa judicial para ello; respecto a Edgar Gustavo Estrada Navia y Juan Carlos Corrales Ortiz Directores del Recinto Penitenciario de San Pedro y de El Abra, se tienen por ciertos los hechos denunciados al no haberse presentado informe alguno; asimismo, con referencia a Delia Illanes Choquetijlla, Rubén Herrera Medrano, Vladimir Huanca Quisbert, Abogada, Psicólogo y Trabajador Social del referido Recinto Penitenciario de El Abra, sus informes no especificaron si las valoraciones las realizaron antes o después del traslado, habiendo ejecutado las mismas de forma conjunta a todos los internos que fueron trasladados, cuando debieron hacerlo de manera individual; finalmente respecto a Fresia Orellana Goitia, Jueza Segunda de Ejecución Penal del departamento de Cochabamba, el accionante no pudo señalar porque interpuso la acción en contra de ella; iii) Se halla establecido que la Resolución Administrativa que ratificó el traslado es posterior al mismo desplazamiento, lo que impidió que dicha disposición fuera impugnada; y, iv) El accionante fue enviado en condiciones que mellan su dignidad, con la misma ropa desde Cochabamba a La Paz, sin que sus familiares hubieran podido tomar los recaudos oportunos y no se ha demostrado que éste haya contado con posibilidades para comunicarse, siendo además una persona de la tercera edad, cuya atención es preferente; siendo la acción de libertad instituida para corregir condiciones agravantes de reclusión.