SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0965/2016-S1

Después de ser aprehendido, fue conducido ante el Juzgado de Turno de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, instancia en el que, el 1 de enero de 2016, fue sometido a audiencia de aplicación de medidas cautelares, disponiéndose su detención preventiva dentro el proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de robo; sin embargo, la autoridad judicial que pronunció esta decisión omitió remitir el cuaderno de investigación ante la oficina de servicios comunes de demandas nuevas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para fines de sorteo del caso, y de esta manera encontrarse el mismo bajo el control de garantías jurisdiccionales.

Frente a esa situación, presentó memorial el 3 de mayo de 2016, al referido Juzgado en el párrafo anterior, solicitando que su causa penal sea remitida a la unidad correspondiente para el respectivo sorteo; empero, al 24 de igual mes y año, su causa continuaba en aquél Juzgado, desconociéndose los motivos de esta retardación de justicia.

La Jueza ahora demandada, en una entrevista con sus abogados el 17 de mayo de 2016, sin considerar su situación de detenido preventivo, manifestó: “…que por favor le diera tiempo hasta el día 20 de mayo de 2016 para su respectiva remisión, señalando que habría una funcionaria de este despacho que había dejado varios pendientes” (sic); aseveración que vulnera la Ley.

Desde el 31 de diciembre de 2015, hasta la fecha de presentación de la demanda de acción de libertad (30 de mayo de 2016), está sometido a un proceso penal sin contar con un Juez que cumpla el control de garantías jurisdiccionales sobre su causa sin asignación de fiscal ni la numeración a la misma, se encuentra privado de ejercer los derechos establecidos por ley, y concretamente, impedido de solicitar la cesación a su detención preventiva u otras salidas alternativas que le franquea el ordenamiento jurídico; vulnerándose su derecho al debido proceso, a la defensa y a su libertad establecidos en la Constitución Política del Estado; incurriéndose en actos dilatorios causados por la autoridad judicial demandada.