SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0975/2016-S2
Fecha: 07-Oct-2016
i)
Irma López Chumacero, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero del departamento de La Paz, tampoco asistió a la audiencia, pero presentó informe escrito que cursa a fs. 18 y vta. en el que señala: i) Ha sido notificada con dos acciones de libertad, una planteada ante ese despacho judicial y la otra ante el Juez de Sentencia Penal Sexto del mismo departamento, con los mismos argumentos, tanto por Jorge Crespo Ninahuanca y Damiana Sonia Chávez de Crespo; ii) El 6 de julio de 2016, los citados presentaron memorial de apelación contra la Resolución 206/2016, que mereció el decreto de 7 de julio del citado año en el que la Jueza demandada ordenó traslado a las demás partes procesales a efectos de su pronunciamiento, aspecto que debió ser tramitado por la parte apelante, corriendo con las fotocopias respectivas; pese a que se les indicó que se apersonaran a este efecto, hicieron caso omiso a dicho decreto; iii) Hizo notar que el indicado Juzgado no cuenta con fotocopias suficientes para este cometido, debiendo la parte apelante cubrir este aspecto; de igual forma aclaró que la parte apelante únicamente se apersonó a presentar memoriales en tres oportunidades sin dar tiempo suficiente para correr los traslados respectivos; iv) No se puede remitir el cuaderno de apelación sin haber cumplido previamente con todas las formalidades de rigor; aspecto que la parte apelante ignora; v) No solamente se debe cubrir los gastos de fotocopias de los memoriales sino además de varias actuaciones, mismos que el accionante no ha realizado; y, vi) El decreto de 11 de julio de 2016 emitido en el recurso de reposición ha sido corrido en traslado a todas las partes procesales de oficio por el Auxiliar II de ese despacho judicial con la boleta del Juzgado, siendo que la parte apelante no se ha apersonado a la fecha.
El accionante, considera que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, alegando que la autoridad y funcionaria demandadas, realizaron los siguientes actos ilegales: i) La Jueza de Instrucción Penal Décimo Tercera del departamento de La Paz: a) No remitió la apelación incidental planteada contra la Resolución 206/2016 conforme establece el art. 251 del CPP, ocasionando una dilación indebida en la tramitación de dicho recurso; y, b) No consideró que los hechos que se le imputan datan de hace más de treinta y seis años atrás, además de no haberse valorado los elementos del expediente de control jurisdiccional y los documentos por los cuales acreditó que tiene trabajo y domicilio; y, ii) La Secretaria del referido Juzgado, pese a la insistencia de la remisión del recurso de apelación incidental planteada contra la Resolución citada, no remitió la misma al Tribunal de alzada.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- III.1. Naturaleza de la acción de libertad
- La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”
- carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida,
- En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular
- el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida
- Fragmento 17
- “
- en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones'.
- el anterior Tribunal Constitucional, determinó en la SC 044/2010-R de 20 de abril, que el hábeas corpus ahora acción traslativa o de pronto despacho: «…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad».
- toda resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es susceptible de apelación; entonces, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas. El tribunal ad quem, resolverá sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior»’”
- el trámite de concesión, remisión y resolución del recurso de apelación contra las resoluciones que determinen, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, debe ser inmediato y de ninguna manera, ser objeto de dilaciones indebidas que demoren la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, respetarse los plazos perentorios establecidos por la norma adjetiva penal señalada, pues las dilaciones indebidas en que pudieran incurrir los juzgadores o el personal de apoyo jurisdiccional, vulneraría el derecho a la libertad
- se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde;
- este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas,
- generó una mayor dilación
- CONFIRMAR en parte