SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1070/2016-S2

Sucre, 24 de octubre de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

Acción de amparo constitucional

Expediente: 16098-2016-33-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 03/2016 de 9 de agosto, cursante a fs.172 a 177 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oswaldo Augusto Camberos Bolaños contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, mediante memorial presentado el 13 de julio de 2016, cursante de fs. 12 a 19 vta., subsanado por escrito de fs. 22 a 30, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de agosto de 2015, Benjo Gonzáles Rivero y Nancy Huayllani Apala, formalizaron querella contra su persona y otros, por supuesta negligencia médica que habría derivado en la muerte de la hija de los denunciantes, el 2 de julio del indicado año.

Añade que, el 31 de diciembre de 2015, la Fiscal de Materia asignada al caso, emitió Resolución de rechazo 83/2015, misma que fue impugnada por los denunciantes y ameritó la emisión de la Resolución FDLP/EJBS-R- 228/2016 de 6 de mayo, dictada por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante la que resuelve revocar la decisión de la inferior, disponiendo la continuación de la investigación y la realización de las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso.

Dicha decisión -manifiesta-, fue dictada sin haberse realizado una adecuada compulsa de antecedentes ni de los motivos de la objeción de los cuales se evidencia que su persona no causó el deceso de la menor; por cuanto el demandado no realizó una revisión de oficio del cuaderno de investigaciones a objeto de verificar los actos del inferior y la existencia o no de actos u omisiones que hubieren generado que su conducta se subsumiera al tipo penal revocado.

Continúa señalando que, el Fallo emitido por el ahora demandado, no efectúa análisis o evaluación alguna respecto a la supuesta participación del accionante en el hecho endilgado; es decir, que no explica con claridad en mérito a qué elementos correspondía revocar el rechazo, como tampoco expone las justificaciones de hecho y derecho que sustenten su injusta determinación; extremos que le impide conocer los motivos de la decisión.

Asimismo, la autoridad Fiscal, incumplió con su deber de efectuar una interpretación y valoración sistemática de las normas,” de y en conformidad a la constitución y al bloque de constitucionalidad”, resultando en consecuencia la interpretación realizada insuficientemente motivada, incurriendo en argumentos genéricos y extremadamente formalistas en inobservancia de las reglas de interpretación utilizadas en derecho.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y exhaustividad vinculados a la revisión de oficio; asimismo, acusa la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, citando al efecto los arts. 115.I y II, 117.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, dejándose sin efecto la Resolución FDLP/EJBS-R- 228/2016 de 6 de mayo y disponiendo que el demandado emita nueva resolución analizando todos los presupuestos invocados en la presente acción, a la luz de la CPE, y el bloque de constitucionalidad, tomando en cuenta aspectos inherentes a la participación u omisión que dieron lugar a la comisión del hecho antijurídico; sea con condenación de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 9 de agosto de 2016, conforme consta en Acta cursante de fs. 162 a 173, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, efectuando una relación de los hechos, se ratificó en el contenido íntegro de la demanda.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 109 a 114, manifestó lo siguiente: a) La Resolución Jerárquica de Objeción de Rechazo FDLP/EJBS/R- 228/2016 de 6 de mayo, cuenta con una debida fundamentación y motivación conforme a los parámetros establecidos por la SC 0871/2010-R de 10 de agosto; en este contexto se observa la descripción individualizada de los hechos investigados y la probable participación de los sindicados en la intervención quirúrgica de la víctima, habiéndose analizado cada tipo penal homicidio y homicidio culposo, efectuando la respectiva valoración de los elementos indiciarios producidos en la etapa preliminar; elementos que llevaron a establecer que se realizó una inadecuada e incompleta investigación, extrañándose que el Informe de Auditoría Médica, realizada a la víctima no lo hubiera realizado el Instituto Nacional del Tórax, como órgano especializado a efectos de determinar si existió o no impericia de los facultativos en el caso específico; o, en su defecto el SEDES a través de la designación de una terna de peritos especialistas en neumología y/o esplanctnólogo, cirujano cardio pulmonar; máxime si, en la objeción de querella se denunció que la Fiscal asignada al caso no había considerado el Informe emitido por la Auditora médico, habilitada por el Juez cautelar, que concluyó evidenciando error médico en la primera cirugía que derivó en la obstrucción o estrangulación del bronquio izquierdo producida por un hilo de sutura; asimismo, se estableció error de omisión del neumólogo y el cirujano al no efectuar o sugerir tratamiento correctivo inmediato y oportuno, habiéndose producido un progreso en el deterioro de la salud de la paciente que derivo en la muerte; de la misma forma, el Informe de Patología, tampoco fue valorado por la representante del Ministerio Público, limitándose la misma a señalar que dicho informe no determinaba la culpa de los querellados al no ser esa su función, extremos que fueron considerados en la decisión jerárquica y que determinaron la revocatoria de la resolución de rechazo y que denotan la existencia de una debida fundamentación, motivación y valoración de los antecedentes procesales; b) Posteriormente a la emisión de la Resolución Jerárquica, uno de los querellados solicitó proposición de actuaciones conforme dispone el art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a efectos de determinarse la causa del deceso de la víctima, pretensión que fue admitida por la Fiscal del caso, haciendo evidente la insuficiencia de los actos investigativos en el caso; c) Sobre la supuesta omisión de pronunciamiento respecto a los elementos de convicción obtenidos durante la investigación, el accionante no manifiesta cuáles son las pruebas que no hubieran sido consideradas, por lo tanto no se cumplen los requisitos para que la jurisdicción constitucional, de manera extraordinaria, conforme establece la SC 783/2004 de 28 de julio, pueda revisar la valoración realizada por autoridades ordinarias; d) El accionante no fundamento debidamente su pretensión, exponiendo por el contrario, argumentos forzados que no condicen con la realidad del proceso penal; y, e) Al no haberse vulnerado los derechos reclamados, solicita se deniegue la tutela solicitada, con imposición de multas.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Nancy Huallani Apala, en calidad de tercera interesada, en audiencia, detrás a un relato de los hechos objeto del proceso penal, señalo que se pretende favorecer a toda costa a los querellados; toda vez, que conforme a lo establecido por el Fiscal Departamental, en el presente caso existió una investigación inadecuada y defectuosa, lo que no implica que se esté determinando la culpabilidad de nadie, sino la obligación de realizar una correcta investigación; aclarando además que, hasta el momento no se había formulado imputación.

La abogada de Edwin Dolz Vásquez, Médico Cirujano, con el uso de la palabra en audiencia expresó que su representado se apersonó voluntariamente al proceso, poniéndose a disposición del Ministerio Público, no habiéndose negado en ningún momento a la investigación respecto al lamentable fallecimiento de la menor. Acto seguido efectúo una exposición de los hechos acaecidos para, finalmente manifestar respecto al asunto objeto de amparo constitucional que, la autoridad demandada se funda en generalidades y no se pronuncia respecto a los elementos de prueba aportados por los querellados y que no se cumple con una debida fundamentación por cuanto la misma, de acuerdo a lo manifestado por el propio demandado se sostiene únicamente en una relación de los hechos, incurriendo en apreciaciones subjetivas en contravención del art. 72 del CPP, que lo obliga a actuar libre de sentimientos o intereses de cualquier índole y aun cuando el deceso de la menor resulta ser un lamentable suceso, no puede el demandado efectuar consideraciones incriminatorias.

I.2.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Por memorial cursante de fs. 139 a 140, y en audiencia, la Defensoría de la niñez y Adolescencia del distrito 7 “Centro”, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solicitó se rechace la acción de amparo constitucional, impetrada por cuanto la Resolución de rechazo, emitida por la Fiscal asignada al caso, carecía de fundamentos y especificidad, basada en la inoperancia de la investigación, incurriendo en incongruencia respecto a la determinación de la muerte de la menor, en franca desobediencia al art. 70 del CPP, al no haberse ejercido correctamente la dirección funcional de las investigaciones extremos por los cuales la Defensoría, también objetó dicha resolución que fue correctamente resuelta por la instancia jerárquica superior que revocó la primera al evidenciar las falencias de la inferior. Del mismo modo, manifestó que no se observó el principio de subsidiariedad, por cuanto al accionante le quedaría la vía penal.

I.2.5. Resolución

Mediante Resolución de 03/2016 de 9 de agosto, cursante de fs. 174 a 177 vta., la Jueza Pública de Familia Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, denegó la tutela solicitada, argumentando que: 1) La Resolución Jerárquica de Objeción de Rechazo FDLP/EJBS/R- 228/2016 de 6 de mayo, cuenta con una debida fundamentación y motivación conforme disponen los arts. 73 del CPP y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), describiendo de forma detallada los elementos fácticos investigados que determinan la existencia del hecho y probable participación de los sindicados; 2) De todo lo expuesto en el presente caso se establece que concurre falta de investigación al existir contradicciones entre los argumentos de los querellados y querellantes, de donde se infiere la necesidad de ampliar la investigación, extremos que fueron debidamente apreciados por el ahora demandado; 3) Se realizó la respectiva valoración de los elementos indiciarios producidos en la etapa preliminar, lo que llevó a establecer la presencia de una investigación inadecuada e incompleta; 4) La fundamentación jurídica del demandado resulta integral en base a los elementos indiciarios, lo que lo llevó a revocar la decisión de rechazo; y, 5) El accionante no indica sobre qué pruebas no existe pronunciamiento que hubiera modificado la conclusión del demandado; por lo que no se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que el Tribunal de garantías efectúe revisión alguna al respecto.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece las siguientes conclusiones:

II.1. El 21 de agosto de 2015, Nancy Huallani Apala y Benjo Gonzáles Romero, formalizaron querella contra Oswaldo Augusto Camberos Bolaños y otros, médicos de la Clínica Alemana de la ciudad de La Paz, por el delito de homicidio – homicidio culposo (fs. 43 a 46).

II.2. Mediante Resolución de Rechazo 083/2015 de 31 de diciembre, la Fiscal de Materia, J. Susana Boyan Téllez,, dispuso el rechazo de querella presentada por Nancy Huallani Apala y Benjo Gonzáles Romero, notificada a 12 y 15 de enero de 2016 (fs. 50 a 62 vta.).

II.3. Mediante memorial de 19 de enero de 2016, Nancy Huallani Apala presentó objeción a la Resolución de Rechazo 083/2015 de 31 de diciembre; pretensión a la que se adhirió la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 7 “Centro” del GAMLP, por escrito de 27 de igual mes y año (fs. 63 a 95).

II.4. El Fiscal Departamental de La Paz, pronunciándose sobre la objeción planteada a la Resolución de Rechazo 083/2015 de 31 de diciembre, dictó la Resolución FDLP/EJBS-R- 228/2016 de 6 de mayo, por medio de la cual resolvió revocar dicha Resolución por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, disponiendo la continuación de la investigación y la realización de las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso; asimismo, determinó ratificar la misma, respecto al delito de homicidio, disponiendo el archivo de obrados; decisión notificada el 14 de junio de 2016 (fs. 96 a 106 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante considera que el demandado lesionó el derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y exhaustividad vinculados a la revisión de oficio; asimismo, acusa la vulneración de los principio de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, toda vez que, sin efectuar una correcta valoración de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, mediante una resolución carente de una debida fundamentación y en errónea apreciación de las normas, dispuso la revocatoria de la Resolución de rechazo de querella formulada por la Fiscal asignada al caso.

Corresponde en consecuencia dilucidar si la tutela solicitada, deber ser concedida o denegada.

III.1. Configuración de la acción de amparo constitucional

Por disposición del art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional se instituye como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra “…actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, precepto constitucional que implica que toda persona tiene la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Bajo tal entendimiento, la acción de amparo constitucional se instituye como una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, dotada de carácter autónomo e independiente, con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario; esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos, con un régimen jurídico procesal propio.

Características a las cuales deben adherirse los principios procesales de inmediatez y subsidiariedad, que se hallan establecidos en el parágrafo I del art. 129 de la Ley Fundamental, que determina que esta acción “…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

Lo señalado implica que la acción de amparo constitucional forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, por lo que, de no cumplirse con estos requisitos, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela solicitada.

III.2. Interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba

Conforme ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional, la interpretación de la legalidad ordinaria es una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, corresponde a la jurisdicción constitucional comprobar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron principios constitucionales, como ser de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad, jerarquía normativa y debido proceso, mismos que se constituyen en rectores de la administración de justicia ordinaria y a los cuales se halla sujetos todos aquellos que la imparten.

Así, partiendo de la interpretación de los arts. 125 y 128 de la CPE, se estableció jurisprudencialmente que, estas acciones de tutela (amparo constitucional y acción de libertad), son aplicables, ante vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que infrinja principios y valores constitucionales; en este sentido, la SC 1748/2011-R de 7 de noviembre, señaló: “La interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria”.

Con ese razonamiento la SCP 0653/2016 de 2 de agosto, estableció: “…la acción de amparo constitucional, no está instituido como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, que no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso”.

No obstante lo precedentemente anotado, la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, estableció dos presupuestos imprescindibles para que la jurisdicción constitucional, de manera excepcional, ingrese a revisar el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces de instancia, manifestando que. “En consecuencia, excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser:

1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,

2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación, y

3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”.

De donde se infiere que si bien, la labor interpretativa de la ley corresponde a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, puede excepcionalmente verificar si en aquella acción, se incurrió en lesión de derechos fundamentales, mismos que deben ser acreditados por quien los reclama, expresando los motivos por los cuales considera que la labor interpretativa resulta lesiva a sus derechos y/o garantías constitucionales, identificándolos con precisión y estableciendo la forma en la que fueron vulnerados a partir de la errónea interpretación de la ley; requisitos sin los cuales, este Tribunal se ve impedido de efectuar verificación alguna, debido a que lo contrario implicaría la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita de la jurisdicción ordinaria, hecho que podría generar un desequilibrio entre ambas.

Asimismo, respecto a la valoración de la prueba en jurisdicción constitucional, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, señaló: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba…”.

Así lo entendió también con anterioridad la SC 0939/2011-R de 22 de junio, al manifestar que “…cuando se impugnen actos y resoluciones de los jueces y tribunales ordinarios, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba producida durante el proceso, por cuanto esa labor corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales ordinarias y no así al Tribunal Constitucional dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de apelación o casación. Consecuentemente, la acción de amparo constitucional no puede constituirse en una instancia más de revisión de resoluciones, a menos que dentro de esa valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: “Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsadas" (las negrillas nos pertenecen)

(…)

Estableciendo como subreglas para la revisión excepcional de la valoración de la prueba, que la misma será desarrollada por esta instancia únicamente cuando “…en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales” ( SC 0965/2006-R de 2 de octubre).

De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional, al no constituirse en una nueva instancia procesal, no puede realizar la interpretación de la legalidad ordinaria aplicada en el caso concreto, y tampoco puede efectuar una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los sujetos procesales, sino que, su ámbito de acción, ante estos presupuestos, se limita a la verificación que, en esa labor, las autoridades jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que sus actos se enmarquen dentro de los límites de la razonabilidad, objetividad y equidad.

III.3. La debida fundamentación y motivación de las resoluciones vinculadas con el principio de congruencia

Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: "…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas", coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume” (SCP 0387/2012 de 22 de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales.

III.4. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos previamente en el presente Fallo, la jurisdicción constitucional, en atención a los principios de independencia judicial, autonomía decisoria, verdad material e inmediación, construyó la doctrina de las auto restricciones respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, determinando que ambas funciones, son exclusivamente atributivas de la jurisdicción ordinaria y que por ende, la justicia constitucional se halla impedida de manifestarse al respecto; sin embargo, ejerciendo su labor de contralora de observancia y cumplimiento del contenido normativo del la CPE, le corresponde verificar si en el cumplimiento de dicha labor, los jueces y tribunales ordinarios, no se apartaron de los marcos de razonabilidad, objetividad y equidad.

A este efecto, se establecieron jurisprudencialmente, subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional verificar si, como emergencia de una supuesta incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, los juzgadores ocasionaron lesión a derechos y garantías constitucionales, debiendo en este caso, la parte accionante, establecer con claridad por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, debiendo precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el expositor, con dicha interpretación, y establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la definición que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional.

En el caso objeto de análisis, el accionante, afirma que no fueron observadas normas penales, constitucionales o del bloque de convencionalidad -sin señalar cuáles-, sin identificar las reglas de interpretación que fueron omitidas por el demandado y sin precisar los derechos o garantías constitucionales lesionados por el intérprete, no habiendo establecido el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación y los derechos y/o garantías que hubieran sido lesionados con dicha omisión interpretativa, explicando la forma en que el fallo pudo resultar de haberse dilucidado una norma específica; en este sentido, al no cumplirse las reglas previstas para que la jurisprudencia constitucional, ingrese a revisar la labor aclarativa de la jurisdicción ordinaria; no puede emitirse criterio alguno.

Asimismo, con la finalidad de que esta jurisdicción pueda revisar la valoración de la prueba, se determinó que la parte accionante deberá señalar qué pruebas concretamente fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; cuáles no fueron recibidas, o habiendo sido, no fueron producidas o compulsadas, debiendo imprescindiblemente señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.

De acuerdo a los argumentos expresados por el accionante en el memorial de demanda y subsanación, asimismo durante el desarrollo de audiencia de amparo constitucional, el ahora demandado, no efectuó una correcta valoración de los antecedentes del cuaderno de investigaciones, emitiendo una decisión carente de fundamentación y motivación que se sostiene únicamente en elementos subjetivos y no legales; sin embargo, el accionante, no especifica que elementos del mismo cuaderno procesal no fueron tomados en cuenta y si concurrieron de qué manera estuvieron erróneamente valorados y de qué manera influyó en la decisión o como esta pudo haber sido diferente de haber valorado la prueba de otra manera; es decir, no cumplió con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que este Tribunal revise la labor valorativa de la jurisdicción ordinaria; por lo que, al respecto, tampoco puede emitirse pronunciamiento.

Finalmente, respecto al argumento del accionante de que el demandado, al haber revocado la Resolución de rechazo de querella dictado por la Fiscal asignada al caso, vulneró su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y exhaustividad vinculados a la revisión de oficio; lesionando también los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad; por cuanto emitió una decisión carente de la debida fundamentación.

De la revisión exhaustiva de la Resolución, se tiene inicialmente que la misma cuenta con una estructura organizada y ordenada, iniciando con la síntesis de los hechos y el análisis de la decisión emitida por inferior, elevada en revisión; para luego, efectuar un resumen de la objeción formulada y finalmente, exponer los argumentos de hecho y derecho que derivaron en la decisión asumida.

En este contexto, el ahora demandado, abordó el análisis dividiéndolo en dos partes: uno referido al delito de homicidio y otro, al de homicidio culposo.

Respecto al primero, luego de analizar la amplia doctrina que describe el delito de homicidio, estableció que en la investigación del caso, no se había identificado el dolo con que hubieran actuado los médicos tratantes o se sucediera reflejado el animus conducente el tipo penal; es decir, la intencionalidad de matar; toda vez que, los sindicados resultan ser médicos que trataron una paciente con una afección cardio respiratoria por mal congénito; y, si los sindicados hubieran cometido algún error durante las cirugías, tal conducta podría adecuarse a la responsabilidad profesional por culpa. Asimismo, de la revisión de la Historia Clínica se tiene que los mismos no fueron los únicos que atendieron y diagnosticaron a la víctima, lo que determina también la inexistencia de premeditación, debiendo el Informe de Anatomía Patológica, ser valorado por la parte querellante; dicho de otra forma, los sindicados, no tenían intención alguna de hacer sufrir a la víctima, es así que, lo acontecido emerge a consecuencia de las cirugías practicadas a la menor, por parte de los mismos que son médicos especialistas muñidos de ética tal cual manda la Ley del Ejercicio Profesional Médico del 8 de agosto del 2005 (Ley 3131), quedando establecido en consecuencia, que no se logró establecer vínculo de enemistad u otra análoga, premeditación y los elementos característicos del dolo, para causar la muerte de la víctima.

En cuanto al homicidio culposo, el ahora demandado, analizando la existencia de una presunta negligencia médica, luego de definir el tipo penal, establecer los conceptos de atresia esofágica y fístula traqueoesofágica, para mejor comprender la complejidad de la cirugía que atravesó la menor, efectuó una relación amplia y detallada de los hechos acaecidos hasta el fallecimiento de la víctima para arribar al convencimiento de que no había existido un adecuado tratamiento médico en la paciente, toda vez que, no se efectuaron análisis complementarios y actualizados; no solicitaron exámenes de rayos x, tomografías, habiéndose intervenido a la paciente sin tomar los recaudos necesarios; tampoco se efectuó una sutura correcta en la tabicación de la fístula branqueo esofágica que comprometió el pulmón izquierdo, lo que derivó en la inflamación del área operada que no fue seguida mediante tratamiento adecuado, lo que produjo la secreción de moco que impidió la circulación de aire en el pulmón derecho que llevó al izquierdo al colapso; en tales circunstancias se realizó una segunda operación y de manera omisiva se realizó una toracotomía en el pulmón derecho presumiendo que éste había sido afectado, interin en el cual los médicos tratantes pudieron haber ejecutado una neumocectomía si consideraron que la solución era la extirpación del pulmón izquierdo y no escudarse en la falta de autorización de los padres, conforme establece el art. 12.g) de la Ley 3131 y no optar por la toracomía del pulmón derecho, o en su lugar conectar a la paciente a vida artificial, cámara ventilatoria, by pass y solicitar trasplante de pulmón y otras opciones menos riesgosas e imprudentes; al haber actuado de manera diferente, demostraron violación culpable de los deberes inherentes a la profesión, oficio o cargo, acomodando su conducta a la previsión contenida y descrita en el art. 260 del Código Penal (CP).

Asimismo, el ahora demandado, en la resolución que se revisa, determinó las investigaciones fueron desarrollados de forma inadecuada, extrañándose que el informe de auditoría médica no lo hubiera realizado el Instituto Nacional del Tórax, como órgano especialista, o el SEDES, para que mediante una comisión de peritos especialistas se determine si en el caso presente existió o no impericia o negligencia en los sindicados, conforme fue establecido por la Consultora Técnica propuesta por la parte querellante, cuyo dictamen se desconoce hubiera sido declarado nulo por impugnación.

Igualmente, el Fiscal de Distrito, estableció que llamaba la atención el informe y protocolo de autopsia que establecía que la muerte había tenido como causal “anoxia por asfixia de origen a determinar”, sin establecer qué es lo debe “determinarse”, por cuanto los exámenes patológicos establecieron congestionamiento masivo de infiltración hemorrágica en diferentes órganos, y aunque dichos resultados no comprobarían la responsabilidad penal, se constituyen en exámenes de carácter orientativo para los peritos en la materia o para la motivación del Tribunal de Sentencia

Además, manifiesta el demandado, si bien cursan informes que determinan que los médicos no pudieron actuar por no haberse autorizado por parte de los progenitores la neumocectomía, conforme establece la Auditoría Externa, esta tampoco era la solución debido a que el pulmón derecho también presentaba lesiones y fallas que implican la posible existencia de impericia o negligencia por parte de los sindicados, tomando en cuenta que el pulmón izquierdo se encuentra más cerca del corazón, y no obstante la paciente hubiera superado dicha intervención, los médicos tratantes no propusieron un trasplante u otra solución. Del mismo modo, se evidencia la existencia de placas radiográficas tomadas a la occisa; sin embargo, no existen radiografías de ella antes de la intervención, que pudieran servir para un análisis comparativo.

Por todos estos argumentos, el ahora demandado, en los puntos Tercero y Cuarto de la Resolución, estableció que la Fiscal antes de rechazar la querella por considerar que la investigación no había aportado elementos suficientes para fundar la acusación, debió entender que la etapa preliminar en las investigaciones tiene un carácter concreto vinculado al hecho punible y los hechos conexos que conducen a la averiguación de la verdad histórica y a partir de ello evidenciar que no se había realizado todos los actos de investigación pertinentes; por lo que, el ahora demandado sugería la realización de diligencias investigativas complementarias a ser realizados por la directora funcional de las investigaciones que, en aplicación del principio de obligatoriedad, debía extremar esfuerzos para llegar a la verdad de los hechos, no pudiendo la Fiscal basarse en una investigación incompleta para confirmar o descartar la existencia de la comisión de los delitos denunciados, conforme establece la SC 0969/2003-R de 15 de julio, el rechazo o sobreseimiento, no puede fundarse en la propia inactividad del órgano investigativo, debiendo agotarse todos los actos de investigación necesarios para sumir la convicción que en el caso presente no se han aportado los suficientes elementos para fundar una imputación y no determinarse la inexistencia de ellos por ausencia de actividad investigativa; en tal sentido, al no haberse concluido con la investigación, el demandado estableció la pertinencia de su perseverancia a efectos de establecer la comisión de un hecho delictivo; en tal razón, revocó el fallo de la inferior respecto al delito de homicidio culposo y la ratificó con referencia al delito de homicidio.

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente para la Sala Segunda del Tribunal Constitucional plurinacional que, el ahora demandado, emitió una decisión debidamente fundamentada en base a los elementos fácticos del caso concreto, habiendo realizado un análisis amplio y suficiente respecto a las omisiones en las cuales había incurrido la inferior al momento de emitir la resolución de rechazo y estableciendo además qué elementos y acciones debieron haber sido considerados y ejecutados por la inferior a efectos de establecer si en el caso objeto de querella, existían elementos suficientes que generen convicción respecto a la comisión o no de determinado delito, habiendo además aplicado didácticamente la doctrina y jurisprudencia citada así como establecido las normas inherentes a la problemática objeto de revisión; elementos que, construyeron una decisión clara, coherente, objetiva y razonable que permite su comprensión a través de la simple lectura.

Es decir que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico precedente, el ahora demandado, al momento de emitir la Resolución FDLP/EJBS-R- 228/2016 de 6 de mayo, por medio de la cual resolvió revocar la Resolución de Rechazo 083/2015 de 31 de diciembre, explicó de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, exponiendo los hechos y el derecho que sustentan la parte dispositiva de la misma, de forma que, las partes procesales pueden asumir pleno convencimiento de que las razones que guiaron al juzgador a tomar determinada decisión poseen una base jurídica sustantiva y procesal suficiente que demuestra que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió; y que el fallo proferido, se halla enmarcado dentro de los principios y valores supremos que orientan al juzgador.

Por tanto, la denuncia a la vulneración al derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y exhaustividad vinculados a la revisión de oficio; que derive en la lesión de los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad; por una decisión carente de la debida fundamentación, no es evidente y por tal razón no puede ser tutelada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela, efectuó una correcta compulsa de los datos arrimados a la presente acción tutelar.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 03/2016 de 9 de agosto, cursante de fs. 174 a 177 vta., dictada por la Jueza Pública de Familia Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA