SENTENCIA CONSTITUCiONAL Plurinacional 1244/2016-S2
Fecha: 22-Nov-2016
III.2. Análisis del caso concreto
En función a la problemática planteada; se advierte que el accionante presentó la excepción de cosa juzgada, cuestionando la existencia de un doble proceso, por el mismo hecho; lo cual derivó en el recurso de apelación contra la Resolución 47/2016, que la declaró improbada y que posteriormente por Auto de Vista de 29 de julio de 2016, los Vocales demandados, la declararon improcedente, confirmando la Resolución del Juez a quo, supuestamente, debido a que no admitieron la existencia de la triple identidad, constituyente de la cosa juzgada.
Igualmente, considerada su relación con los antecedentes procesales aportados ante ésta jurisdicción; cabe referir la oposición de una excepción con base en el principio non bis in ídem; negatorio del doble juzgamiento en el marco de la formulación del debido proceso, cuya perspectiva formal admite su revisión cuando en su tratamiento concurre cualquier lesión que infringe elementos esenciales configurativos de un derecho fundamental como el debido proceso; siendo intrascendente a éste fin los plazos o cualquier manifestación en contrario.
En este contexto, en el cual, hipotéticamente Wilder Álvarez Carvajal, estaría siendo juzgado dos veces por un mismo hecho; tomando en cuenta que previamente fue sometido a un sumario preliminar dentro de la justicia militar y que posteriormente, sin reparar en todo lo obrado, fue llevado ante la jurisdicción ordinaria, donde a través del recurso de apelación, reclamó inclusive la existencia de un sobreseimiento, fundado en la inexistencia de indicios de culpabilidad y que conforme con las garantías jurisdiccionales propias del derecho a la defensa, nadie puede ser procesado y condenado más de una vez, máxime si en primera instancia habría sido sancionado con treinta días de arresto.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- Fragmento 12
- sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución
- De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales’.
- La fundamentación de las resoluciones se constituyen en un elemento constitutivo del debido proceso, dado que todas las autoridades judiciales y administrativas tienen el deber de realizar la debida fundamentación y motivación a momento de pronunciar sus fallos;
- Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada
- III.3. Sobre el principio de congruencia
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo