SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1275/2016-S2

El accionante manifiesta que su derecho al debido proceso en su elementos de una debida fundamentación fue lesionado por los demandados, por cuanto no dieron respuesta a todos los agravios denunciados en apelación tampoco efectuaron una correcta valoración de la prueba aportada por su parte a efectos de demostrar que ameritaba mejorarse su situación jurídica actual.

Respecto a la valoración de la prueba, la doctrina de las autorrestricciones, determina que el Tribunal Constitucional Plurinacional, únicamente podrá revisar la labor efectuada por la jurisdicción ordinaria, cuando quien denuncia error u omisión en la actividad valorativa, establezca con claridad qué pruebas concretamente fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, resultando también imprescindible que el accionante señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse; es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se tuviese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; situación que en  los hechos tampoco se presenta, impidiendo en consecuencia a la jurisdicción constitucional, verificar la labor de la jurisdicción ordinaria respecto a la valoración de la prueba.

Finalmente, respecto a la denunciada falta de fundamentación, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico precedente, toda autoridad a momento de emitir un pronunciamiento, se encuentra en la obligación de exponer con claridad los motivos por los cuales arribo a un determinado convencimiento y decisión, debiendo al efecto exponer los elementos de hechos y derecho que lo guiaron a asumir una determinación. A este efecto, el juzgador, siguiendo una secuencia coherente y ordenada, deberá presentar los hechos y el derecho aplicable así, proceder a la explicación del por qué las normas se subsumen a los hechos concretos, debiendo asimismo, responder de manera clara a todos los extremos demandados.