SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1396/2016-S1
Fecha: 15-Dic-2016
II.3.
II.3. Por Auto Interlocutorio de 11 de diciembre de 2015, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal –ahora Juez de Instrucción Penal Segundo− de Yacuiba del departamento de Tarija, rechazó el incidente de desincautación promovido por la accionante, bajo los siguientes argumentos: 1) La incautación y la confiscación es procedente cuando los bienes a incautarse hubiesen sido utilizados como medio para elaborar, procesar, fabricar, traficar o transportar sustancias controladas; 2) La impetrante de tutela al momento de interponer su incidente adjuntó documento privado de compra venta; empero, no tomó en cuenta que según el art. 1538 del Código Civil (CC), ningún derecho real surte efectos a terceros sino desde el momento que se hace público mediante el registro del título; 3) Los documentos privados que transmiten, modifican o limitan derechos solo surten efectos entre los suscribientes y no es oponible a terceros; 4) El contrato de comodato feneció en el momento en que Jovita Alarcón Tórrez ingresó “a vivir al Palmar” (sic), encontrándose a cargo del inmueble cuando se realizó el allanamiento; y, 5) No justificó que el dinero enviado desde España fue invertido en la construcción del inmueble (fs. 130 a 132); determinación impugnada por recurso de apelación incidental el 18 de diciembre de 2015, por falta de fundamentación y valoración de la prueba (fs. 134 a 136 vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III.1.
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados
- que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre),
- por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada.
- Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada.
- iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.
- a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
- recién se abre la vía constitucional, que bajo esta óptica realiza una revisión del proceso a partir de la última resolución dictada
- Sobre la resolución a ser analizada
- CONFIRMAR