SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0211/2016-S1

De donde se extrae que, el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre ellos, la pertinencia y la congruencia de las resoluciones, así como la motivación y la valoración de la prueba y la interpretación constitucionalmente válida conforme al canon de validez expuesto anteriormente; pues aunque ésta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada precedentemente, sin embargo, en los instrumentos internacionales, como en la doctrina constitucional ha sido ampliamente desarrollada…” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, la jurisprudencia constitucional reconoce el debido proceso en el ámbito normativo en una triple dimensión, como un derecho humano, por los instrumentos internacionales, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que por mandato del art. 410 de la CPE, conforman el bloque de constitucionalidad, en relación con el art. 115.II de la Norma Suprema, que establece como un derecho fundamental y como una garantía en el art. 117 de la misma, como se tiene referido en la SC 0702/2011-R de 16 de mayo.

Por consiguiente, todo proceso sea judicial o administrativo no puede prescindir de tales elementos, asegurando su respeto y aplicación durante la sustanciación y resolución del mismo, lo contrario conlleva la vulneración del derecho al debido proceso en sus tres dimensiones o en aquella que se invoque.