SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2016-S3
Fecha: 06-Abr-2016
denegó
La Jueza Primera de Sentencia Penal del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/2015 de 11 de diciembre, cursante de fs. 205 a 207 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público contra el hoy accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal del citado departamento, en audiencia de medidas cautelares luego de la revisión y valoración de cada uno de los elementos de convicción presentados, emitió Resolución fundamentada disponiendo su detención preventiva, por la concurrencia del riesgo de fuga establecido en los arts. 233.1, 234.10 y 235.2 del CPP; b) El ahora accionante amparado por el art. 239.1 del citado Código solicitó la cesación a su detención preventiva ante el Juez de la causa, quien luego de haber valorado todos los nuevos elementos de prueba presentados, mantuvo latentes los peligros procesales señalados, excepto el art. 235.2 del mismo cuerpo normativo, denegando la petición; c) Ante dicha Resolución, el hoy accionante interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por Blanca Carolina Chamón Calvimontes y José Luis Lenz Mamani, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; la primera, confirmó la Resolución dictada por el Juez a quo y el segundo, pronunció voto disidente, señalando que no se habría valorado correctamente la prueba presentada para desvirtuar la probabilidad de autoría establecida en el art. 233 del CPP, por lo que resolvió con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesta, ordenando la detención domiciliaria, el arraigo nacional y departamental y la presentación de dos garantes personales; sin embargo, convocaron a Fernando Antonio Navajas Baldivieso, Vocal de la Sala Social y Administrativa del mencionado Tribunal, para que dirima dicha disidencia, el mismo que luego de una valoración integral de cada uno de los elementos de prueba refirió que no se logró desvirtuar los peligros procesales que dieron lugar a la detención preventiva; y, d) Las Resoluciones dictadas tanto por el Juez a quo como por el Tribunal de alzada fueron fundamentadas conforme a las exigencias, expresando de forma concisa y razonable por qué denegaron la solicitud de cesación a la detención preventiva manteniendo la medida cautelar de ultima ratio, señalando los motivos de hecho y de derecho que fundamentaron su decisión.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- Fragmento 10
- a aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva
- la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.
- Fragmento 14
- Fragmento 15
- iv)
- b)
- c)
- d)
- CONFIRMAR