SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2016-S3
Fecha: 25-Abr-2016
III.3. Análisis del caso concreto
Conforme a lo señalado por los accionantes en su demanda de acción de amparo constitucional, impugnan que el Tribunal Electoral Universitario de la UTO -ahora demandado-, realizó de forma ilegal y arbitraria las elecciones del Centro Facultativo y de Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, en las cuales no pudieron participar las Unidades Académicas Descentralizadas de las localidades de Caracollo y Sabaya, toda vez que al momento de llevarse el acto eleccionario y debido a que el calendario académico es “semestralizado”, ninguno de los estudiantes se encontraban en clases regulares.
Ahora bien, de acuerdo a obrados, se evidencia que mediante nota presentada el 17 de agosto de 2015, César Arturo Hidalgo Pacaja y Jans Choque, representantes de las localidades de Caracollo y Sabaya hicieron conocer al Tribunal Electoral Universitario de la UTO -hoy demandado-, que las elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, no fueron socializadas en todas sus Unidades Académicas Desconcentradas, por lo que solicitaron se concluya la votación, indicando además que: “…dicha acción llevada por su autoridad discrimina a los compañeros que estudian en las unidades desconcentradas de sabaya y caracollo…” (sic); en mérito a ello, pidieron que se concluya las elecciones haciendo prevalecer los derechos de todos los estudiantes universitarios (adjuntando a dicho oficio cuarenta y ocho nombres y firmas de estudiantes [Conclusión II.1.]); asimismo, a través de las notas presentadas el 26 de igual mes y año, los nombrados requirieron al Presidente y a los miembros del señalado Tribunal, que expidan fotocopias legalizadas del informe emitido a consecuencia de sus postulaciones, vinculado al detrimento de sus derechos políticos al sufragio y a la votación, consagrados en el art. 26.II.2 de la CPE, en cuanto a las elecciones del Centro Facultativo y de Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas (Conclusión II.2.), reiterando su petición a través de la nota de 1 de septiembre de 2015 (Conclusión II.3.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- La existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos públicos, tiende a acercar el Estado al pueblo, anteriormente visto como un ente abstracto, intangible y ajeno a su realidad, cuando su principal función es la satisfacción de las demandas sociales,
- El derecho de participación, se encuentra dentro de los Derechos Políticos consagrados en el Título II, Capítulo Tercero, Sección II, art. 26.I de la Constitución Política del Estado, disponiendo que: ‘Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres’.
- El derecho amplio e irrestricto de participación se funda en el valor jurídico superior de la igualdad, pilar fundamental y transversal recogido por la Constitución Política del Estado en su art. 8, así como en el art. 14 .III
- El derecho de participar como elector o elegible, es un derecho raíz, es base y sustento de otros derechos emergentes de aquél, cuya concepción filosófica se encuentra en la esencia misma de nuestra Constitución, se halla impregnado de la necesidad comunitaria de integrar a sus miembros sin exclusión alguna, es un matiz más del carácter plurinacional de nuestra Norma Fundamental, que busca la inclusión de la totalidad de los componentes de una sociedad compleja como la boliviana.
- III.2. Jurisprudencia del derecho de sufragio acorde con el espíritu, principios y valores de la Constitución Política del Estado
- En ese orden, a la luz de la teoría de los Derechos Humanos, este derecho está comprendido en los llamados 'Derechos Políticos', por cuanto el art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: 'Todos los ciudadanos gozarán (…) de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores'. Asimismo, el art. 23 en su numeral 1 inciso b) de la Convención Americana de Derechos Humanos señala: 'Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores'.
- i) El derecho al sufragio activo, es decir el derecho a elegir; y, ii) El derecho al sufragio pasivo, es decir el derecho a ser elegido. Asimismo, de acuerdo al último compartimento del bloque de constitucionalidad conformado por principios y valores de rango constitucional, se establece que a la luz del principio de razonabilidad, se encuentran también insertos en el contenido esencial de este derecho los valores de justicia e igualdad.
- En el marco de lo señalado, debe establecerse además que la afectación al derecho al sufragio en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelado por la garantía jurisdiccional del amparo constitucional disciplinada por el art. 128 de la CPE, como medio idóneo para su defensa, aspecto que asegurará de manera eficaz el cumplimiento del mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR