SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2016-S2
Fecha: 30-May-2016
denegó
El Juez Tercero Público Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 1/2016 de 31 de marzo, cursante de fs. 272 a 277 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la prueba aportada por la parte demandada se tiene que la “…CIABOL LTDA, en cumplimiento a la conminatoria emanada por el Ministerio del trabajo en sede administrativa, se tiene que ha brindado cumplimiento, extremo que se destaca en el informe expedido por la inspectoría de trabajo del Ministerio de Trabajo…”, por lo que si bien el “…memorándum de reincorporación expedido por la indicada empresa de fecha 26 de septiembre de 2015, el cual no fue recepcionado por el ahora accionante EDGAR TICONA, sin embargo de los registros de asistencia…” trabajando como electricista, se establece su asistencia diaria a partir del 5 de octubre de 2015, hasta el mes de marzo de 2016, y en ocasión del ejercicio del fuero sindical del que goza, éste gestionó papeletas de salida de su fuente laboral para realizar actividad sindical; es decir, que al momento de la deducción de la acción tutelar cesaron los actos reclamados por el ahora accionante; en consecuencia, de acuerdo al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no procede la tutela del derecho al trabajo que tiene reclamado el accionante; ii) En cuanto a la manifestación de éste e inclusive terceros interesados respeto a la existencia de acoso laboral, debe ser considerado en la justicia ordinaria y no así en la vía constitucional acorde el lineamiento de la SCP 0145/2016-S3 de 28 de enero; y, iii) En relación al pago de haberes devengados y demás derechos sociales, la justicia constitucional no se halla habilitada para operativizarla, debiendo este caso recurrir el accionante ante las propias autoridades administrativas o judiciales que determinen en qué medida corresponden dichos pagos y su dimensión acorde la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre, ratificada en la SCP 0145/2016-S3, lineamiento que es de carácter obligatorio al tenor del art. 203 de la CPE, en consonancia con el art. 15 del CPCo.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical
- Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”, lo cual significa que la protección estatal otorgada a un dirigente o dirigente sindical, tiene la finalidad de que pueda gozar del ejercicio pleno de sus funciones sindicales, no pudiendo ser despedido por esa su condición evitando de esta forma la restricción a su libertad sindical
- Establecida la suficiente culpabilidad del obrero o empleado, dirigente, del Sindicato, el Juez del Trabajo determinará su retiro de acuerdo a lo establecido por el Artículo 16º de la Ley General del Trabajo. Para el caso de simple traslado el Juez del Trabajo, previo informe de la Inspección del Trabajo autorizará dicho traslado haciéndose constar en el mismo, el tiempo de duración y la remuneración respectiva, teniendo en cuenta que esta última no podrá ser inferior al salario o sueldo percibido por el obrero en su ocupación anterior
- Consecuentemente, se puede establecer que el fuero sindical es aquel conjunto de medidas destinadas a brindar protección a todos aquellos que conforman un sindicato contra cualquier acto que pueda constituir un perjuicio a su normal desarrollo en la actividad sindical y comprende la prevención, el control y la reparación de los actos antisindicales
- Existiendo una regulación normativa sobre el derecho constitucional a la sindicalización, emitida antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, resulta imprescindible analizar e interpretar el alcance de este derecho a partir del art. 51 de la CPE
- Impone una prohibición de despido, determinando que los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, incluso hasta un año después de haber concluido su gestión
- Del análisis de estos tres elementos, relacionados con la normativa antes descrita; se tiene que el fuero sindical es la garantía de la que gozan algunas trabajadoras o trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa; sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo
- Conforme a los elementos desglosados, se advierte que entre estos existe una expresa prohibición de no disminuir los derechos sociales de un dirigente sindical; elemento que en el caso presente, conviene hacer énfasis, al estar directamente relacionado con la problemática planteada en la presente acción de amparo; en consecuencia, corresponde precisar que la no afectación o disminución de derechos sociales, debe entenderse a toda medida adoptada por el empleador tendiente a desmejorar las condiciones laborales que tenía una trabajadora o trabajador antes de asumir la dirigencia sindical, con el objeto de limitar o entorpecer el cumplimiento de sus funciones sindicales; a no ser que exista una razón técnica, económica o que la naturaleza de la prestación del servicio así la imponga; justificaciones que a objeto de garantizar el fuero sindical, en su elemento no afectación o disminución de derechos sociales, también deberán ser evaluadas previamente por el juez del trabajo, en los alcances del DL 38 de 7 de febrero de 1944, elevado a rango de ley por la Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, autoridad jurisdiccional que en definitiva previo informe del Inspector del Trabajo podrá autorizar o no la medida adoptada por el empleador
- En el supuesto de que el empleador no asuma el procedimiento precedentemente citado, cuando adopte una medida que tienda a desmejorar o disminuir las condiciones laborales de un dirigente sindical; la trabajadora o trabajador afectado, podrá acudir a la Jefatura Departamental del Trabajo de su jurisdicción denunciando este hecho; entidad que en el marco de las facultades previstas en el art. 86 inc. i) del DS29894 de 7 de febrero de 2009, previa verificación emitirá conminatoria disponiendo que la parte empleadora en el plazo de 48 horas de su legal notificación restituya los derechos laborales que le fueron afectados o disminuidos injustificadamente al dirigente sindical. Conminatoria que es de cumplimiento obligatorio, la que podrá ser impugnada mediante los recursos de revocatoria y jerárquico en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo; cuya interposición no implica suspender su ejecución o cumplimiento
- En caso de que el empleador no cumpla con la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo; el dirigente sindical podrá interponer la acción de amparo constitucional, exigiendo el respeto y cumplimiento de la garantía del fuero sindical al no existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados por el empleador
- III.2. Análisis del caso concreto
- más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales
- REVOCAR en parte