SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0640/2016-S1

En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: '…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones'. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: '…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero'" (las negrillas son nuestras).

El accionante alega que el 3 de diciembre de 2015, solicitó cesación de la detención preventiva, a ese aspecto el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, señaló audiencia para el 11 del mencionado mes y año, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 414/2015 declarando infundada la petición; por lo que, apeló oralmente en la misma audiencia, de la cual, de acuerdo a lo señalado por las autoridades demandas se habría efectuado la primera remisión de actuados al Tribunal de apelación el 6 de enero de 2016, siendo devuelta debido a observaciones realizadas por el Tribunal de alzada; por tal razón, una vez subsanadas, fue remitida por segunda ocasión el 15 de marzo de igual año; de lo que se colige que, desde la formulación de la apelación hasta la realización de la audiencia de la presente acción tutelar transcurrieron más de tres meses, incumpliendo así lo dispuesto por el art. 251 del CPP.

En consecuencia, resulta evidente que los actuados referentes a la apelación formulada por el accionante, no fueron remitidos dentro del plazo establecido por la norma adjetiva penal señalada, precepto legal que establece que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones deberán ser remitidas al Tribunal de apelación en el término de veinticuatro horas, incumpliéndose de igual manera lo establecido en la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos III.3 y 4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; actuar con el cual las autoridades demandadas incurrieron en demora indebida e injustificada, ocasionando así retardación en la definición de la situación jurídica del accionante, quien se encuentra privado de su libertad, lo que ocasionó la vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, con directa incidencia al derecho a la libertad; de lo que se deduce que dichas autoridades incumplieron uno de los principios ético-morales de la sociedad plural, el “ama qhilla”, principio que desde la cosmovisión quechua y aymara se interpreta de manera incluyente a todos, a efectos de no omitir nuestros deberes, responsabilidades y obligaciones con la comunidad y consigo mismo; principio que está íntimamente ligado con el principio de celeridad, el cual fue lesionado.