SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0810/2016-S3

Bajo este antecedente y no obstante que la representante legal y Gerente de la Clínica María de los Ángeles S.R.L. -hoy demandada- en audiencia de acción de libertad, manifestó que en ningún momento los familiares o el responsable del paciente -ahora accionante-, hubieran pedido alta solicitada y que si bien “…Se presentó una Carta Notariada en la cual no hay requerimiento expresado de alta médica, y es responsabilidad de la clínica velar por la vida del accionante, por lo que solicita que previamente se realice el trámite correspondiente” (sic) (las negrillas son nuestras); dicha afirmación no es evidente toda vez que no resulta permisible desconocer la sustancial manifestación del accionante, la cual deriva de la Carta Notariada supra señalada mediante la cual hizo conocer a la referida Clínica su voluntad de no permanecer en dicho nosocomio; empero, al no ser respondida de forma oportuna, en atención a la urgencia que la misma involucraba por la necesidad de la argumentada operación de cadera del accionante, en el presente caso, la omisión de respuesta a dicha petición que implicaba la solicitud de alta médica y salida del hospital, generó la vulneración a la salud vinculada al derecho a la libertad de locomoción del paciente Valentín Romero Tumili -hoy accionante-, al haberlo retenido en sus instalaciones sin su consentimiento.

En la misma línea de análisis, si bien la Clínica demandada a momento de solicitar enmienda al Juez de garantías, refirió que: “…es una responsabilidad dejar salir a un paciente en ese estado…” (sic) generando responsabilidad médica; sin embargo, dicha aseveración no fue acreditada ni sustentada -a pesar de tener los medios y documentos necesarios a su disposición- a través del historial clínico, certificación o evaluaciones médicas, que hagan referencia al estado de salud del paciente y la imposibilidad de un eventual traslado a otro nosocomio por encontrarse comprometida la vida y/o salud del paciente.