SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0840/2016-S1

           Cuando exista imputación y/o acusación formal, se impugna una resolución judicial de medida cautelar que: por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se prepare el mismo órgano judicial las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dichas fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividades procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, soló en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

           Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, se mediante una solicitud de modificación, sustitución cesación de detención privativa, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnado la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e indicaría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar‴ (las negrillas son nuestras).