SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0880/2016-S2
Fecha: 26-Sep-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Habiendo presentado memorial ante la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Santa Cruz, solicitando declarar nula la notificación con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET 0193/2015 de 30 de marzo, respecto de una sanción por contravención por la presunta comisión del delito de contrabando, suscitado el año 2011, dicha notificación se efectuó el 12 de junio de 2015, en las instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Santa Cruz, donde se procedió a la notificación personal con el mencionado Proveído y Cálculo de Deuda Tributaria; sin embargo, en la referida ocasión no se lo notificó con la merituada Resolución, causante de dicha ejecución tributaria; es decir, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0027/2012 de 25 de enero, que declaró probada y determinó una supuesta contravención tributaria de contrabando; dicha Resolución fue notificada solamente en el tablero de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, habiéndolo dejado en total y absoluta indefensión, considerándolo de hecho sujeto pasivo por contravenciones tributarias en contrabando. Siendo necesario precisar que para la existencia o averiguación de indicios que hagan presumir la existencia de contrabando, seguramente debieron realizarse informes de fiscalización, de los que nunca tuvo conocimiento; por lo que, desde el inicio de dichas acciones y actos administrativos, la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Santa Cruz actuó de forma unilateral, dejándolo en indefensión frente a sus acciones institucionales; es más, sus derechos y garantías reconocidos por la normativa vigente fueron vulnerados por la existencia de un otro sujeto pasivo, a quien se le dio curso a todos los recursos que hubieren sido interpuestos (recurso administrativo, revocatorio y jerárquico) entendiendo la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, que con el apersonamiento del otro sujeto pasivo, ambas partes estaban asumiendo defensa, cuando no fue así, dejándolo en total indefensión, habiendo avanzado todos los actuados administrativos para perjuicio y daño de su patrimonio; no habiéndosele permitido realizar ni presentar impugnación alguna, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0027/2012, porque no fue oportunamente notificado, mucho menos tuvo conocimiento alguno de dicha supuesta contravención en contrabando; por lo que, al haberse emitido el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET 0193/2015, se encuentra en total y plena indefensión, no habiéndose observado los preceptos constitucionales de derechos y garantías reconocidos en todo proceso, más aún cuando dando respuesta al memorial presentado, la Aduana Nacional de Bolivia, Regional Santa Cruz hizo conocer encontrarse agotadas las vías administrativas, por la interposición de los recursos por el otro sujeto pasivo, sin tomar en cuenta que la sanción y en ejecución tributaria, el pago es individual.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó que: ‘La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela’”
- III.2. Sobre las notificaciones en la jurisdicción tributaria: Diligencia de notificación con acta de intervención debe realizarse de manera personal en virtud al art. 84.I del CTB
- «ARTICULO 90º (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.
- En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio».
- Siendo que el art. 90 del CTB, contradiciendo el precitado artículo señala: «en caso de contrabando» el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. Por lo que, dicho artículo, asume y/o presume la culpabilidad del administrado respecto a una contravención, es decir, presume que éste, estaría cometiendo «contrabando», cuando para llegar a dicha conclusión, debe existir todo un proceso, en el cual, el administrado pueda asumir defensa, ofreciendo prueba y haciendo uso de todos los medios legales que la Constitución y la norma le confiere, toda vez que el art. 116 de la CPE, garantiza la presunción de inocencia.
- Siendo que la notificación, no debe causar indefensión material, pues no es un acto simplemente formal, sino que es esencial, toda vez que, el accionante debe tomar conocimiento del proceso en su contra y defenderse, caso contrario se vulneraría el derecho al debido proceso y a la defensa.
- El desarrollo extenso de la jurisprudencia glosada supra, resulta ineludible, a fin de hacer énfasis en la forma de notificación exigible con el acta de intervención; cuestión precisamente expresada como agravio en la demanda tutelar. Siendo claro que, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, a partir de razonamientos jurisprudenciales asumidos por este órgano de constitucionalidad con anterioridad y de un estudio minucioso de la normativa tributaria y de una contrastación de la misma con el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, exigibles en todo proceso sea administrativo o judicial iniciado contra una persona, concluyó que, el acta de intervención emitida dentro de un proceso iniciado por contrabando contravencional en sede aduanera, debe ser notificado personalmente, en el marco de lo dispuesto en los arts. 83.I.1, 84.I y 98 del CTB; no así, en la vía cedularía prevista en el art. 90 del mismo Código; ello a fin de propender a resguardar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, quienes deben asumir real conocimiento de un procedimiento iniciado en su contra, para ejercer su derecho a la defensa ampliamente en respeto de la normativa constitucional. Actuar contrariamente, conllevaría poner al administrado en una situación de indefensión material manifiesta, en contraposición a los preceptos constitucionales antes referidos, como el derecho a la defensa y al debido proceso, entre otros
- III.3
- CONFIRMAR en todo