SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0901/2016-S2

Como se dijo, la acción de libertad es excepcionalmente subsidiaria, lo que permite sostener que el agraviado tiene la obligación de acudir y activar previamente los mecanismos ordinarios de protección creados por el legislador, siempre que éstos sean efectivos, idóneos y conducentes para la oportuna e inmediata protección del derecho que fuere amenazado o vulnerado; sin embargo, la amplia y uniforme doctrina constitucional desarrollada por esta jurisdicción, de manera enfática ha sostenido que ante la lesión o amenaza del derecho a la vida, es viable prescindir de la subsidiariedad excepcional, lo que permite a la presente acción tutelar      -independientemente de las otras acciones ordinarias y extraordinarias- compulsar el fondo de la problemática planteada, sin que la falta de activación de mecanismos ordinarios creados por el ordenamiento jurídico, signifique óbice de carácter procesal, dado que la naturaleza y la esencia del derecho cuya tutela se pretende, así lo amerita. Al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, en la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, declaró lo siguiente: "El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional" (las negrillas nos corresponden).

Finalmente, el entonces Tribunal Constitucional, comprendió que la protección del derecho a la vida mediante la acción de libertad únicamente procede si la misma guarda estrecha vinculación con el derecho a la libertad; es decir, debe ser causa de lesión del derecho a la libertad; sin embargo, dicho entendimiento fue modulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional; así, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, concluyó que: “…corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana…”.

Entonces, en virtud a los entendimientos jurisprudenciales desarrollados, es preciso resaltar que la acción de libertad, al igual que la acción de amparo constitucional, configuran garantías jurisdiccionales de protección y vigencia del derecho a la vida. En este sentido, únicamente le corresponde al agraviado activar la acción de defensa que considere apropiada para la protección inmediata del derecho a la vida, con la condición que el acto ilegal denunciado debe constituir una directa y certera amenaza contra la integridad del derecho ya señalado; sin embargo, es la justicia constitucional la encargada de definir si la conducta acusada de ilegal, constituye una infracción o amenaza real y directa al referido derecho cuya protección se invoca.