SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2016-S3

III.     El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social.  El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”.

virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida.

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud es un derecho fundamental, que debe ser resguardado con mayor razón cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida o a la dignidad humana, especialmente en el caso de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de la tercera edad y los enfermos terminales”.

Es así que el derecho a la salud es indiscutiblemente uno de esos derechos fundamentales y básicos, que sin él, resulta difícil o imposible acceder a otros más complejos como el social y el político; es por ello, que no solo en las Declaraciones Universales el derecho a la salud aparece entre los derechos fundamentales, sino también en las constituciones o cartas magnas que vertebran las distintas normativas nacionales.

Así, el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

A su vez, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

De lo cual se colige que el entendimiento desarrollado en el ordenamiento internacional a través de sus diferentes institutos y la jurisprudencia constitucional, reconoce a la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano que tiene como condición innata, el derecho al acceso a una atención integral de salud.