SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1067/2017-S2

El 2008 y 2009 se presentó en su contra imputación formal y acusación, actuados que se encontraban fuera de los plazos establecidos por el procedimiento y sin una fundamentación legal, por lo que en la audiencia cautelar la entonces Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, le aplicó medidas sustitutivas a la detención preventiva; no obstante esa determinación se formuló incidente por actividad procesal defectuosa, que en apelación incidental la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia anuló la Resolución resolviendo los defectos absolutos con la debida motivación legal. Es así que el Tribunal Séptimo de Sentencia rechazó la solicitud de los acusadores particulares, que pedían su detención preventiva, ordenando se mantenga su libertad después de casi nueve años de duración del proceso, la parte civil presentó apelación contra dicha Resolución, la que fue resuelta por la Sala Penal Primera que revocó el fallo anterior, sin que exista la concurrencia de los dos requisitos del art. 233.I y II del Código de Procedimiento Penal (CPP), imponiéndole las medidas restrictivas a la libertad de locomoción, como el firmar cada quince días en el Tribunal de Sentencia, arraigo y garante personal; que no procedería en el caso, por cuanto no concurrirían los requisitos legales para imponer dichas medidas; siendo una amenaza a los principios de garantía de presunción de inocencia y de la legalidad, así como la tutela judicial, pronta oportuna y efectiva, pues después de nueve años se pretendería controlar su libertad de locomoción, por lo que interpuso acción de libertad para que se anule el Auto de Vista de 15 de agosto del 2017, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia.