SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2017-S3

El 21 de noviembre de 2016, se dio inicio al juicio oral sustanciado en su contra y otros sindicados en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, así en la referida audiencia se señaló su prosecución para el 22 de ese mes y año a horas 9:30; empero, cuando se constituía a dichas dependencias un funcionario policial procedió a aprehenderla informándole que la conduciría ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Punata del mencionado departamento, ello a pesar de que Edwin Montaño Fernández -ahora su representante- le indicó que justamente en el citado Tribunal, se sustanciaba audiencia de juicio oral por “ese hecho”, mostrándole la documentación pertinente; sin embargo, el funcionario policial omitió considerar tal aspecto, pese a que incluso se le pidió que subieran al nombrado Tribunal para que constate dicho extremo, pues no quiso acceder a su solicitud procediendo a la ejecución del mandamiento de aprehensión de 21 de igual mes y año.

El Juez ahora demandado (se entiende el que dispuso su aprehensión), es el mismo que mediante Auto de 22 de marzo de 2016, dispuso la acumulación de los cinco procesos penales instaurados en su contra, decisión que fue confirmada por la “…Sala Penal Primera…” (sic) mediante Auto de Vista de 20 de junio de ese año. Así también, fue quien remitió uno de los cinco casos acumulados con acusación fiscal ante el Tribunal de Sentencia Penal de la Capital de turno del departamento de Cochabamba.

Esta aprehensión ilegal, no solo interfirió la prosecución del juicio oral que se llevaba a cabo, sino también vulnera su derecho a la libertad, pues la autoridad judicial ahora demandada, al remitir una de las causas con acusación ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, ya no es competente para seguir conociendo las causas acumuladas, máxime, si en una de ellas se está sustanciando el juicio oral.