SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2017-S1

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso “en su componente de acceso al recurso de casación” (sic) con directa incidencia en su libertad; y, en sus elementos de defensa irrestricta y amplia, igualdad en la aplicación de la ley y ser oído y juzgado debidamente; y, los principios de inmediación y revalorización de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas fue absuelta de pena y culpa mediante Sentencia 32/09 de 6 de julio de 2009; siendo apelada por el Ministerio Público, los ex Vocales codemandados mediante Auto de Vista 94 de 3 de octubre de 2009, la declararon autora y culpable, condenándola a cumplir la pena de veinte años de presidio en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, sin estar facultados para revalorizar la prueba en segunda instancia ni cambiar su situación jurídica de absuelta a culpable, más cuando el recurrente no solicitó la aplicación del último párrafo del art. 413 del CPP sino únicamente su anulación y reenvío para nuevo juicio; contra el cual, interpuso recurso de casación, ampliándolo posteriormente con más fundamentos, defectos absolutos y precedentes contradictorios; empero, las Magistradas demandadas a través del Auto Supremo 411/2016-RA de 24 de mayo, lo declararon inadmisible, omitiendo ingresar al fondo de la problemática; y, como consecuencia de haber quedado ejecutoriada su Resolución condenatoria, dada las actuaciones arbitrarias de las autoridades demandadas, se considera indebidamente procesada e ilegalmente perseguida; puesto que, ya fue librado el mandamiento de condena en su contra.