DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2017

Por último, se advierte que en la indicada acta se incluye dejar nulo cualquier juicio en contra de la citada comunidad y sus autoridades indígena originario campesinas, referente a jueces agrarios y Ministerio Público; de donde se colige que lo pretendido por los comunarios va más allá de una simple consulta de la aplicabilidad de una norma indígena originario campesina a un caso específico, más al contrario, lo que realmente se procura es la confirmación o convalidación de los actos y en especial del acta de aplicación de la “justicia comunitaria” de 18 de mayo de 2011 con los fines señalados en la misma. De lo aseverado, se encuentra que en el presente caso no existe una consulta como tal, sino se busca que la jurisdicción constitucional sea una instancia de revisión de lo determinado en la comunidad Chuquiñuma Irpa Grande, lo que sin duda distorsiona el objeto de la consulta, cuando: “…la finalidad de la consulta es la determinación de compatibilidad o incompatibilidad de una norma comunitaria indígena originaria campesina con la Constitución Política del Estado, no siendo su objetivo ser un mecanismo procesal, ni establecer responsabilidad civil por daños, tampoco ejecutar decisiones, pues en una concepción coherente con este medio procesal, sólo es posible disponer a través de este mecanismo si evidentemente una norma es o no aplicable a determinada situación particular, pero ello no puede significar inmiscuirse en el conflicto en sí llegando a asumir determinaciones tutelares sobre responsabilidades o ejecución” (las negrillas son agregadas) (DCP 0028/2013 de 29 de noviembre); de la jurisprudencia glosada y la revisión de la consulta planteada se tiene que no es posible ingresar a un control de la constitucionalidad del acta de aplicación de la “justicia comunitaria” de 18 de mayo de 2011, haciendo por ende improcedente la consulta formulada.

En coherencia con lo anteriormente determinado, es preciso mencionar que la                DCP 0013/2015 de 16 de enero, señala que: “Si bien el Código Procesal Constitucional no prevé la declaratoria de improcedencia como una de las formas de resolución de la consulta cuando no sea posible efectuar el control de constitucionalidad, es pertinente que, cuando la consulta carece de contenido jurídico constitucional; es decir, la consulta efectuada no tenga relación alguna con la naturaleza jurídica de dicho dispositivo constitucional, se declare su improcedencia”; bajo dicho razonamiento, se determina en este caso la improcedencia de la consulta, con la aclaración de que no se ingresó a realizar análisis alguno respecto a lo interpuesto.