SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0272/2017-S2

El 21 de enero de 2017, a horas 6:30, el efectivo policial Marcelino Cruz Quispe, sin exhibir una orden de allanamiento o aprehensión, ingresó a su domicilio ubicado en el barrio Buena Vista de la localidad de Guarayos del departamento de Santa Cruz y lo condujo a la carceleta de la dicha localidad, donde lo detuvo y recién le mostró el mandamiento de aprehensión y allanamiento de 19 ese mes y año, librado por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de dicho departamento, mandamiento que emergió como consecuencia de la revocatoria de medidas sustitutitas y declaratoria de rebeldía, suscitado dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, mismo que se encuentra en etapa de juicio oral en el Tribunal citado.

Dicho mandamiento, pese a no tener resolución fundamentada para autorizar su ejecución en días y horas extraordinarias, se ejecutó en día y hora no autorizados y sin la intervención de la representante del Ministerio Público; no cuenta con la fundamentación exigida por el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para justificar el allanamiento y no contiene las exigencias del art. 128 del CPP, no indica el funcionario encargado de su ejecución, no establece el objeto de la diligencia y el lugar donde debe cumplirse, no contiene el requerimiento de la fuerza pública para prestar auxilio y no consigna la fecha de su expedición, ni la fecha y hora de retiro del Órgano Judicial, dato importante para computar el transcurso de las noventa y seis horas de validez de dicho documento.