SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2017-S2
Fecha: 03-Abr-2017
III.3. Análisis del caso concreto
En el presente caso, los ahora accionantes alegan que el Juez cautelar ahora demandado, al pronunciar el Auto interlocutorio 217/2016 rechazando la conversión de acción que solicitaron en previsión del art. 26.4 del CPP, ante la Resolución de rechazo de querella 61/16 emitida por la Fiscal de Materia asignada al caso, hubo vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones; por cuanto, la citada resolución carecería de una debida motivación y fundamentación al no haberse aplicado la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0629/2015-S2 de 3 de junio y en la SC 0204/2011-R de 11 de marzo, que establecen que no es indispensable la objeción del rechazo a efectos de la conversión de acciones, negándoles la tutela judicial en su calidad de víctimas pretendiendo direccionar el acto potestativo que tienen sobre la objeción al rechazo de su denuncia.
Precisados los hechos que motivaron la presente acción de amparo constitucional, de los antecedentes que cursan en obrados se establece que por memorial presentado el 25 de junio de 2014, ante el Fiscal adscrito a la FELCC de La Paz, los ahora accionantes dentro la denuncia formulada contra Rodrigo Iturralde Costa por la supuesta comisión del delito de estafa, ampliaron la querella contra Carlos Arturo Iturralde Ballivián, Mariana Iturralde de Costa y Gonzalo Huanca Ticona, por los delitos de estafa, agravación en caso de victimas múltiples en grado de complicidad y legitimación de ganancias ilícitas; en este antecedente, por Auto de 13 de agosto de 2014, el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz en suplencia legal, dispuso la notificación de la Fiscal asignada al caso para que en el plazo de cinco días hábiles cumpla con lo previsto por los arts. 300, 301 y 302 del CPP, por lo que mediante Resolución 79/2014 de 28 de noviembre, María Poma Mendoza Fiscal de Materia, resolvió rechazar la querella presentada por Carlos Daniel Zambrana Chávez y Juan de la Cruz Peñaloza Guzmán en contra de Rodrigo Iturralde Costa, Carlos Arturo Iturralde Ballivián, Mariana Iturralde Costa y Gonzalo Huanca Ticona, por la supuesta comisión de los delitos de estafa con agravación de victimas múltiples y legitimación de ganancias ilícitas, de conformidad a lo previsto por el “art. 304 núm. 3) y 4) del CPP”. Contra esta Resolución, los ahora accionantes formularon objeción que fue resuelta por Resolución FDLP/MHRB/R- 117/2015 de 5 de agosto emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, revocando la Resolución objetada disponiéndose continuar con la investigación y realizar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento del caso.
- Juan de la Cruz Peñaloza Guzmán
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes'.
- Fragmento 17
- Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115. II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad
- la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo
- III.3. Análisis del caso concreto
- i)
- CONFIRMAR